No hubo marcha atrás. Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el Consejo de Ministros autorizó en su reunión de ayer la licitación de la primera fase de los accesos al puerto de El Musel. Consiste en la duplicación de la actual carretera autonómica AS-19 entre los enlaces de Lloreda y de Veriña, y cuenta con un presupuesto estimado en 46,56 millones de euros, según informó ayer el Ministerio de Fomento. El departamento que dirige Ana Pastor justifica la actuación con los argumentos de que el muelle local es de "interés general del Estado" y que "ofrece una posición privilegiada en la vertiente cantábrica de la Península".

Además, Fomento también subraya que los trabajos permitirán aliviar el tráfico pesado que atraviesa la zona urbana, así como la "mejora de la competitividad" del puerto, al reducirse los tiempos de viaje hacia las principales vías de comunicación de la región y a los polígonos industriales del concejo.

En concreto, las obras previstas consisten en la duplicación de la calzada de la AS-19 desde el enlace de Lloreda al semienlace de Veriña, para que pase a contar con las características propias de una autovía en un tramo que suma una longitud de 3,46 kilómetros. Además, según la información del Gobierno, el proyecto también incluye la habilitación de dos nuevos enlaces -Lloreda y Peñona- y otro semienlace más para la conexión final con la glorieta de Veriña. La actuación lleva un total de 19 estructuras para salvar accidentes orográficos o cruzar infraestructuras ya en servicios o planificadas.

Antes de autorizar estas obras, el Ministerio de Fomento recibió del Gobierno regional la titularidad de un tramo de 4,5 kilómetros de la carretera de la AS-19 y del enlace de Lloreda, en el que se desarrollará la actuación.

Los primeros estudios para dotar al puerto de una nueva comunicación por carretera se remontan dos décadas atrás. El desdoblamiento de la AS-19 al que ahora da luz verde el Ejecutivo de Rajoy está integrado dentro de un protocolo de actuaciones que firmaron en 2005 el Ministerio de Fomento, el Principado, el Ayuntamiento de Gijón y la Autoridad Portuaria.