La Fiscalía Anticorrupción espera a que avance la investigación judicial sobre el supuesto fraude en la obra de ampliación de El Musel para "dilucidar la posible responsabilidad en los hechos investigados de la entidad Puertos del Estado". Así lo apunta el fiscal encargado del caso en un escrito remitido el martes de la semana pasada al juzgado de la Audiencia Nacional en el que se instruye la causa, para solicitar que la misma se declare compleja, ampliando el plazo de instrucción, que en caso contrario vencería el próximo 6 de junio, en base a las disposiciones de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limitan el tiempo para instruir una causa.
El fiscal señala que "en el actual estado procesal resulta materialmente imposible practicar las diligencias imprescindibles para formular acusación y preparar el juicio oral", señalando entre otras cosas que está pendiente la toma de declaración a los investigadores de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF); recibir para su análisis la documentación generada por la UTE Dique Torres durante la licitación y ejecución de la obra de El Musel (documentación que aún no ha remitido al juzgado la empresa ICA Siglo XXI, que la custodia); la ampliación del informe pericial realizado por funcionarias de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE); otro informe pericial encargado a las mismas interventoras; la declaración de los exdirectivos de Tudela Veguín y HC y "finalmente, y a la vista del resultado de las diligencias pendientes, deberá dilucidarse la posible responsabilidad en los hechos investigados de la entidad Puertos del Estado".
El Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional abrió las diligencias sobre la obra de El Musel el 8 de enero de 2015, tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción del 3 de diciembre de 2014, a la que la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) había remitido en marzo de aquel año su informe sobre las supuestas irregularidades que había detectado en torno a la obra, subvencionada con 247,5 millones de euros de Fondos de Cohesión, ayuda comunitaria que la UE plantea revocar en una decisión que aún no es firme.
Hasta la fecha, han sido citados como investigadas en la causa 22 personas vinculadas durante las fases previas y la ejecución de la obra a la Autoridad Portuaria, al Ayuntamiento de Carreño, a la UTE Dique Torres a Tudela Veguín y a Hidrocantábrico.
El fiscal solicita en su escrito que la causa se declare compleja desde el inicio de la misma. Dado que el caso ya estaba en marcha cuando se reformó a finales del año pasado la legislación que fijaba 6 meses de plazo para instruir casos penales, ese plazo comenzó a computar el pasado 6 de diciembre y vence el mismo día de junio. Si se declara la complejidad del caso, el plazo se prorrogará hasta el 6 de junio de 2017 y cabría la posibilidad de sucesivas prórrogas.
El fiscal argumenta que la causa es compleja desde su inicio al investigarse seis supuestos delitos (fraude y exacciones ilegales; malversación de caudales públicos; estafa agravada; falsedad en documento oficial y mercantil; fraude a la Hacienda Pública y prevaricación); al estar involucrados gran cantidad de investigados o víctimas; porque exige la realización de informes periciales sobre abundante documentación o complicados análisis; y porque precisa de la revisión de la gestión de personas juridico-privadas o públicas.
Por otro lado, la magistrada al cargo del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos de reforma presentados por varias de las partes contra su decisión de inhibirse en favor de los juzgados de instrucción de Gijón, al considerar que la Audiencia Nacional no es competente en el caso. La decisión última la tomará la sala corrspondiente de la Audiencia Nacional, ante la que han apelado las acusaciones.
La magistrada sostiene que su inhibición no supondrá una dilación del procedimiento, dado que mientras no se pronuncie al respecto la Audiencia Nacional, el juzgado que dirige seguirá practicando diligencias. También considera que su inhibición no contradice resoluciones anteriores del juzgado en las que se resolvían cuestiones distintas, sobre la procedencia o no de acumular al procedimiento la denuncia del Abogado del Estado contra Tudela Veguín por supuesto delito contra la Hacienda Pública.
La magistrada también vuelve a rechazar las peticiones de las defensas para sobreseer el caso, apuntando que la investigación judicial aún no ha concluido y será cuando concluya cuando el juez encargado del mismo tome una decisión al respecto.
