Fuentes próximas a Tudela Veguín señalaron ayer que en la compañía se muestran "absolutamente tranquilos" ante la citación como investigado del exdirector general de la compañía, José Antonio Muñiz Muñiz, que rubricó los contratos con la UTE Dique Torres para la explotación de las canteras de la cementera y la venta de cemento para la obra de El Musel. Tudela Veguín remitió al juzgado esos contratos, que ya había entregado previamente a los investigadores de la OLAF. Tanto Tudela Veguín como EdP declinaron ayer hacer valoraciones. Fuentes próximas a la compañía eléctrica sí aclararon que Joaquín Coronado Galdós no está vinculado desde hace años a ninguna de las empresas del grupo EdP.
Por su parte, el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (Ocan, que ejerce la acusación popular), difundió ayer un comunicado en el que afirma que "Tudela Veguín maniobró para manipular la adjudicación del contrato de El Musel" y aluden a la cementera como "principal beneficiario de esta operación de saqueo de fondos públicos", interpretación que hacen del informe del fiscal, que señala que el Puerto y Dique Torres sabían desde el primer momento que no se iba a poder explotar la cantera de Aboño, con lo que se usarían las canteras de la cementera. Ocan también recalca en base al informe de la fiscalía que "parece evidente que para la Autoridad Portuaria era más importante ganar las elecciones que gestionar los fondos públicos adecuadamente", en alusión a que se esperó a aprobar los sobrecostes de la obra a que pasaran las elecciones autonómicas.
