El exconsejero de Economía de Castilla y León, Juan Miguel Pérez Villar -inhabilitado en 1995 para ejercer cargos públicos, por prevaricación al dar subvenciones irregularmente a dos empresas mineras- y que fue el asesor fiscal de Mina La Camocha entre 1996 y 2006, calificó ayer de "impecable" la contabilidad de la explotación gijonesa. Pérez Villar declaró como testigo en la décima sesión del juicio oral, manteniendo su opinión a pesar de que inspectores de Hacienda echaron en falta la llevanza de parte de los libros y documentos necesarios para comprobar la veracidad de la contabilidad de la mina.
En la vista se está dirimiendo un supuesto fraude de subvenciones entre 1998 y 2000, que consistió en la adquisición por Mina La Camocha -usando como empresas interpuestas a Trabajos y Explotaciones (Trabex) y Hullas del Coto Quirós- de más de 90.000 toneladas de carbón importado o de minería de cielo abierto, para revenderlo a la térmica de Aboño mezclado con la producción propia. El supuesto fraude se ha cifrado en unos 17 millones de euros.
Respecto a los informes de los inspectores de Hacienda que echan en falta el registro auxiliar del libro diario, con el que poder comprobar los asientos contables mensuales, el exconsejero de Castilla y León señaló que eso fue lo que "interpretó" el inspector de Hacienda, pero que sí había hojas que recogían esos datos. Respecto al motivo por el que no fueron hallados esos libros contables, Pérez Villar respondió que "porque no los presentarían para la inspección". "¿Porque no le interesaría a la empresa", repreguntó el fiscal: "Pues claro", contestó el testigo. La Agencia Tributaria no sólo echó en falta libros contables de los ejercicios 1998 y 1999, sino también balances e inventario, algo que el asesor fiscal dijo no recordar.
Juan Miguel Pérez Villar, asesoró a Mina La Camocha a través de un despacho profesional para el que trabajaba, pero afirmó que no asesoraba a Trabex ni a Hullas del Coto Quirós, una labor que atribuyó a "una subinspectora de hacienda en excedencia", la misma persona a la que se refirieron anteriores testigos como una familiar del dueño de la mina, el fallecido Fernando García Brugos. Pérez Villar también apuntó que la mina recibía asesoramiento de un amigo de Brugos, el director de la sucursal del Banco Central Hispano en Pola de Siero en la que abrieron cuenta tanto Mina La Camocha como Trabex.
El testigo señaló que en ningún momento asesoró a Mina La Camocha para la mezcla de carbón importado con el propio para mantener las subvenciones, "porque nadie me lo preguntó" y ante la pregunta de si las subvenciones se establecen para el carbón de la propia mina señaló: "No lo sé. Todas las empresas mineras hacían lo mismo o parecido".
El Ministerio Público también preguntó a Miguel Pérez Villar sobre las subvenciones que concedió en su etapa como consejero de la Junta de Castilla y León a las empresas Recursos Naturales (Renasa) y Minas Ventana, lo que llevó a que el Tribunal Supremo lo inhabilitase en 1995 por prevaricación. El fiscal preguntó al testigo si el criterio que mantenía para otorgar las ayudas era que estaban desvinculadas de la producción, lo que va en contra de la normativa vigente entonces en España. El Ministerio Público también trajo a colación una sentencia de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo del 18 mayo de 2005 que rechazó la hipótesis de Mina La Camocha de que las subvenciones estuvieran desvinculadas de la producción minera.Esa sentencia señala sobre la pretensión de la empresa gijonesa: "La tesis, llevada a su límite, implicaría tanto como que las empresas mineras beneficiarias podrían exigir, año tras año, en el horizonte temporal fijado, las ayudas previstas en el plan incluso en el caso de que su producción fuera cero, lo que es inaceptable". Con ese razonamiento por reducción al absurdo, el Supremo zanjó una de las cuestiones que durante años se estuvieron debatiendo durante la instrucción penal del supuesto fraude.
Ante las preguntas sobre la vinculación de las subvenciones a la producción de la mina, Pérez Villar indicó que "yo no conocía siquiera que pudieran importar carbón" y que entendió que lo que se vendía a la térmica salía de la propia mina porque "así me lo manifestaron los técnicos.
El exasesor de la empresa gijonesa también dijo desconocer que Trabex vendiera carbón a Mina La Camocha y preguntado por el fiscal sobre si le parecía normal que de una facturación anual de 100 millones de pesetas entre ambas la mitad se hiciera mediante el endoso de pagarés, respondió que "no tengo ni idea" y que sabía que Trabex realizaba tareas relacionadas con el lavadero de la mina.
A preguntas de las defensas, dijo que la directora financiera de Mina La Camocha, Margarita García, "no tenía ninguna capacidad de decisión; contabilizaba y hacía los balances" y respecto a otro de los acusados, el administrador único de Hullas del Coto Quirós, Ángel Manuel García Brugos, indicó que no lo conoció hasta que fue nombrado consejero de Mina La Camocha.
En el banquillo también se sientan el presidente de Mina La Camocha, Manuel Martín y un apoderado de Hullas del Coto Quirós y de Trabex, Guillermo Alfredo Honrubia. La vista oral es la segunda que se celebra, tras la anulación de la que tuvo lugar en 2014, al considerar la Audiencia Provincial que la magistrada que entonces estaba al frente del juzgado de lo penal número 2 de Gijón se excedió interrogando a acusados y testigos. Otros dos investigados ya han fallecido; el dueño de la mina, Fernando García Brugos durante la instrucción de la causa, y el director de servicios y exconsejero de Industria del Principado, Víctor Zapico, hace unos meses.
Otros pasaron de investigados a testigos, como el empresario minero Juan José Cachero, quien afirmó haber vendido Trabex en mayo de 1998 y que había sido socio de Fernando García Brugos en Carbones de Linares, no en Carbones de San Isidro y María, como se publicó por error el pasado martes.
