04 de agosto de 2017
04.08.2017

Francia prohíbe que los cargos públicos contraten a familiares

La popularidad de Macron cae hasta el 36% en menos de cien días de gobierno

04.08.2017 | 04:02
Emmanuel Macron.

El Parlamento francés prohibió ayer definitivamente que los diputados galos puedan contratar a sus familiares más cercanos como asistentes, una medida que forma parte de la ley de "moralización de la vida pública" anunciada por el presidente, Emmanuel Macron, durante su campaña presidencial. La prohibición, votada por la Asamblea Nacional, afecta también a los ministros, senadores y cargos públicos locales. Únicamente aquellas personas que posean un "vínculo familiar" a partir de segundo grado podrán ser contratadas por los diputados y cargos públicos, a condición de que éstos lo declaren por escrito.

Esta prohibición, prometida por Macron, surge a raíz del escándalo protagonizado por el antiguo candidato conservador a la presidencia, François Fillon, que fue imputado por haber otorgado un empleo ficticio a su esposa durante décadas como asistente parlamentaria. La investigación de este caso, conocido por el nombre de la esposa de Fillon como el "Penelopegate", también se extendió a sus dos hijos y fue el caso más mediático en Francia, pero no el único.

La presidenta del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, fue imputada el 30 de junio por emplear a una persona dentro de su partido con fondos públicos del Parlamento Europeo. También el exministro de Justicia galo, François Bayrou, tuvo que dimitir a causa de un hecho similar, y la Fiscalía de París investiga actualmente a una veintena de eurodiputados de distintos partidos, entre ellos al líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon.

Pese al cumplimiento de algunas de sus promesas, la popularidad del presidente Macron sufrió en el último mes una caída de siete puntos y se sitúa en el 36% a menos de dos semanas de que cumpla, el próximo 15 de agosto, sus primeros cien días como inquilino del Elíseo. Así lo recoge una encuesta de la firma YouGov, que confirma la tendencia a la baja de un Gobierno que obtiene su peor nota cuando se le pregunta a la ciudadanía si creen que el Ejecutivo "protege los intereses de personas como ellos". Sólo el 20% responden que sí.

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