Resulta complicado escribir -al menos en el espacio reservado a la columna de un periódico- sobre el «sudoku» de la financiación autonómica, si lo que uno pretende es encontrarle sentido. Por eso, quienes se devanan estos días los sesos dándole vueltas a los 11.000 o los 14.000 millones de euros del gasto adicional, cómo se justifican de dónde salen, etcétera, concluyen que es algo indescifrable. Pues sí, precisamente eso es de lo que se trata: hacer de la interpretación racional de la fórmula de cálculo establecida un imposible para que sigamos sin enterarnos del reparto caprichoso de los recursos de todos por parte del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Lo que sí entiende el común de los mortales es que el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas es un sistema insolidario que prima a unas regiones, fundamentalmente a una, y castiga a otras. Y, lo peor de todo, es que no las prima ni siquiera por razones de una estrategia de crecimiento o de desarrollo, sino por una descarada pulsión partidista. Simplemente, porque el presidente de Gobierno entiende que en unas circunstancias particularmente difíciles de la gobernabilidad del país, y consciente de su debilidad parlamentaria, tiene que contentar a las comunidades donde tiene sus graneros de votos y dirigentes dispuestos a remediar su soledad. Y, por ese mismo motivo, acepta el chantaje de un partido que se ha declarado independentista en todo, salvo en aprovecharse de los contribuyentes españoles para seguir promoviendo su proyecto de segregación con delegaciones en otros países y otra serie de gastos que no tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos, en este caso los catalanes.

Resultado: las comunidades autonómicas engordan, unas más que otras, y el Estado sigue adelgazando cuando pesan mayores incertidumbres sobre la caja común de los españoles. Las autonomías han sido el peor negocio de esta democracia.