Imagino que todavía recordamos a la magistrada María Dolores Barragán, a quien dediqué el artículo de la semana pasada. Pues durante esa semana no fue la única miembro de la judicatura en saltar a la palestra porque un colega suyo, José Manuel Regadera, también recibió una sentencia judicial; la de él por un delito de agresión. Es cierto que en este último caso hubo sus más y sus menos para dilucidar quién de los dos implicados, la pelea fue con su mujer, inició la disputa; pero si creemos en la justicia debemos creer también, por extensión, en sus decisiones. A José Manuel se le encontró culpable de un delito de agresión aunque no de maltrato en el ámbito familiar. La sentencia le obliga a pagar una sanción por lesiones y una multa pero, al tratarse sólo de una falta, no le «sanciona disciplinariamente como juez». Esto es lo que ya no me parece tan bien.

Yo creo que hay ciertas profesiones que sí deben condicionar a las personas. Un juez, ya sea hombre o mujer, tiene en sus manos el poder de decidir la inocencia o culpabilidad de una persona y, además, el de dictar una sentencia en función de la decisión tomada. En el caso de María Dolores hubo una inhabilitación por un año aunque en el caso de José Manuel, no. Pero es igual, lo que nadie menciona es si estas personas, después de haber sido encontradas culpables de sus respectivos delitos, están capacitadas para seguir juzgando a los demás. Es decir, una persona que conduce a demasiada velocidad, o que se ha pasado de copas o cualquier otra falta cometida al volante, puede ser sancionado con la pérdida de puntos hasta llegar, incluso, a una retirada de carné. Y no me parece mal, un coche puede llegar a ser un arma peligrosa. Si quiere conseguir esos puntos perdidos, el multado necesita hacer un cursillo para demostrar que, de nuevo, vuelve a estar capacitado para conducir; yo tengo serias dudas de que esos «cursillos» sirvan para algo más que la mera recaudación de fondos, pero el caso es que existen y, se supone, que quien los ha impuesto lo ha hecho porque los consideraba necesarios. ¿No sería, también, necesario que unos jueces que han sido encontrados culpables de un delito o falta tengan que demostrar que vuelven a estar capacitados para decidir quién es culpable y quién no? ¿Qué va a hacer María Dolores, dentro de un año, cuando tenga delante a un acusado de haber abusado del poder que le confiere su cargo? o ¿qué va a hacer José Manuel cuando tenga delante a un acusado de haber dado un mamporro a algún paisano? Aunque, sinceramente, lo que yo me planteo es ¿qué van a pensar los acusados cuando se encuentren delante de estos jueces?