En una reciente noticia de LA NUEVA ESPAÑA se informaba de que un grupo de profesionales sanitarios había comparecido ante una Comisión del Ayuntamiento de Gijón con el fin de valorar la puesta en marcha de la ordenanza municipal de la convivencia cívica que ha presentado el equipo de gobierno de dicho Ayuntamiento y que, entre otras medidas, persigue limitar el consumo de alcohol en la vía pública. De acuerdo con la noticia, los expertos abogaban por prevenir el alcoholismo para evitar el botellón, y sentenciaban en su primera frase que había que «prevenir y educar antes que prohibir». Esta es una idea bastante reiterada, sobre la cual muchas personas creen, incluyendo a estos expertos, que debe asentarse la lucha contra las drogas. Sobre esta idea, queremos hacer un breve comentario, aún sin conocer los detalles de lo que los expertos han podido decir en la citada Comisión municipal.

Es un error conceptual común y una falacia contraponer educar a prohibir. En el contexto de la prevención del consumo de drogas, quienes lo hacen probablemente están confundiendo la educación con la mera información, tras la cual supuestamente el joven procesa dicha información y asimila el conocimiento. Por otra parte, la prohibición se asocia con aspectos negativos y peyorativos, dado que limita nuestro comportamiento. Se asumen así algunos de los mitos de la enseñanza que tanto daño están haciendo a nuestro sistema educativo. El error está en desconocer que la prohibición es un componente fundamental de la educación. El proceso de educar es una interacción conducta-consecuencia, asemejándose más bien a la idea de conducir (en el sentido de guiar). De hecho, son las consecuencias positivas (por ejemplo, la aprobación social) y negativas (por ejemplo, una sanción administrativa) las que hacen que una norma social se generalice. Favorecemos que se realicen ciertas conductas que consideramos positivas, tales como estudiar o comportarse adecuadamente en la mesa, y prohibimos otras que consideramos lesivas o indeseables para el que las hace, para los demás o para la comunidad, tales como conducir de forma temeraria o subirse a los torres de alta tensión. Los padres impiden que sus hijos pequeños hagan multitud de cosas que pueden resultar lesivas para ellos o causar graves daños a las cosas. Las prohibiciones están asociadas al castigo si se infringen, aunque el proceso de aprendizaje hace que obedezcamos las prohibiciones (las normas) sin necesidad de que nos inflijan un castigo para que aprendamos a respetarlas. Por ejemplo, hoy en día la gran mayoría de los conductores no dudan de la necesidad de ponerse el cinturón de seguridad, pero hizo falta una norma (una prohibición) para que los españoles lo utilizáramos de forma generalizada. Eso hace que las prohibiciones legales sean, por lo general, enormemente efectivas, y que las normas sean cumplidas mayoritariamente por la población. Las prohibiciones cumplen su papel y son efectivas con un bajo coste. Eso hace que nuestro sistema social y legal sea viable.

Muchas veces se escucha «prohibir no sirve de nada» cuando se habla del consumo de drogas en los jóvenes. Caben dos interpretaciones. Si con esa frase se quiere decir que la simple prohibición no evitará que los jóvenes tengan contacto con las drogas, la experiencia nos dice que los que piensan de esa forma tienen razón. Pero si se quiere decir que es mejor no prohibir, entonces quienes así opinan están completamente equivocados.

En lo que se refiere al consumo de alcohol por parte de los jóvenes, que es lo que nos ocupa en esta ocasión, se ha encontrado sistemáticamente que las medidas legislativas y regulatorias, que restringen el acceso a las sustancias, son esenciales. Este tipo de medidas consigue mejores resultados, en menos plazo y con muchos menos recursos, de los que se consiguen con programas de prevención escolares o familiares. En un informe de la OMS del año 2009, en el que se analizan las pruebas que existen sobre la efectividad y la eficiencia de medidas que se toman para reducir el daño causado por el alcohol en Europa, se demuestra que hay pruebas suficientes para defender la utilidad de las normas que limitan la disponibilidad del alcohol, tales como fijar un mínimo de edad para adquirir las bebidas alcohólicas, aumentar el precio, limitar los puntos de venta o de consumo, o restringir las horas o días en los que se puede consumir. En este mismo informe se destaca también la evidencia de la literatura científica, que indica que la prevención escolar y la familiar tienen graves problemas para consolidar los cambios que produce, que son siempre de pequeña escala. Las razones para que esto sea así son de diversa índole, y no es éste el lugar para hacer un análisis a fondo, pero los hechos son así, y no deberíamos dar la idea de que la realidad es de otro modo. Quien lo haga, o bien desconoce los datos de la evidencia empírica o bien esconde otros intereses que nada tienen que ver con la salud pública.

Es más, nos preguntamos si estos mensajes tan contradictorios son los que llevan a la prevención a tener el estado letárgico en el que se encuentra actualmente. No hay plan sobre drogas que no proclame la importancia de la prevención, para luego asignarle pocos recursos y menos supervisión. Probablemente este estado de cosas se entiende mejor si pensamos que nuestro compromiso en este campo es débil, y se encuentra lastrado por nuestra falta de ideas claras, el pesimismo y los prejuicios equivocados.

Como investigadores en el campo de las conductas adictivas nos preocupa que se transmitan mensajes tan confusos a la opinión pública. Es cierto que no basta con prohibir, pero no es posible prevenir (en el sentido de educar) en abstracto, de forma completamente ajena al contexto normativo donde se desarrolla la vida social. De acuerdo con los principios de prevención fundamentales, tal y como los recoge el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA) norteamericano, la prevención adquiere todo su potencial y efectividad cuando las intervenciones en la escuela, la familia o la comunidad se encuentran enmarcadas dentro de un marco normativo y regulatorio que dota de sentido a los objetivos que se quieren conseguir. El éxito que se está empezando a tener en el campo del consumo del tabaco avala este tipo de medidas.

Sabemos que el caso del alcohol levanta en España otras pasiones y, sobre todo, despierta otros intereses. Sin embargo, el consumo de alcohol en los jóvenes no es un asunto menor, y se debe afrontar con seriedad y coherencia.

Hace no muchos meses, un grupo de expertos fue invitado a prestar su testimonio en el Parlamento regional sobre el Plan Regional sobre Drogas, que había estado en vigor hasta aquel momento. Una buena parte de esos expertos dieron su opinión favorable a aumentar la edad mínima legal para poder adquirir alcohol en Asturias, que conviene recordar está situada en los 16 años, frente a los 18 del resto de España o 21 en el caso de otros países. Nosotros estuvimos a favor de que se adoptara esa medida legal, siempre que se pusieran los medios para que se cumpliera. Consecuentes con esa forma de pensar, seguimos creyendo que ese tipo de medidas de restricción y limitativas son positivas y reducirán la incidencia negativa que el consumo de alcohol tiene en los jóvenes asturianos. Poner límites es una parte importante de la prevención y la educación.