España y Alemania son, de todo el mundo desarrollado, los países que mejor mantienen su cuota de comercio exterior. Las empresas que venden fuera conservan mercado, e incluso crecen. Eso indica que hay aquí sectores muy avanzados y punteros, por desgracia minoritarios, capaces de salir victoriosos hasta en dificultades extremas. Asturias anda en la misma onda. Las ventas al extranjero, uno de los tradicionales puntos débiles del empresariado regional, batieron todos los récords durante el año pasado. Y aunque en los primeros tres meses de este 2012 comienza a notarse el retroceso de la demanda desde una Europa que vuelve a entrar en recesión, resulta alentador observar cómo durante enero, febrero y marzo 464 industrias, un 22% más que en idéntico período de 2011, emprendieron la aventura de colocar sus productos fuera. Lo lograron a pesar de que cada vez se vende menos, la competencia es feroz y los márgenes, menguantes.

Las exportaciones asturianas cuentan con un trampolín imprescindible para su relanzamiento: el puerto gijonés de El Musel. La subida en un 30% de las tasas portuarias, derivada de los desmesurados costes de la ampliación, suscitó esta semana un, por infrecuente, llamativo alineamiento. Las dos principales patronales del Principado y los sindicatos iniciaron una ofensiva para denunciar los graves peligros que entraña el incremento en ciernes. El presidente de los empresarios, Severino García Vigón, alerta de que el encarecimiento pone en riesgo la continuidad de la siderurgia. El presidente de las empresas del Metal, César Figaredo, pronostica una pérdida de competitividad para toda la economía regional. Los sindicatos creen que la factura la pagarán los exportadores y Arcelor, la gran afectada, se mueve por su cuenta al más alto nivel para parar el golpe. Asturias atraviesa una falta de interlocución patética, aquí los gobernantes andan obsesionados con otras cosas.

El empeño de los actuales mandatarios de la Autoridad Portuaria de Gijón parece centrarse más en buscar culpables que en ofrecer soluciones. Nadie les está acusando de ser los causantes del desaguisado, que tiene su origen en la, cuando menos, controvertida gestión de la obra hecha durante el arecismo. Pero sí son ahora los llamados a encontrar la solución que menos daño cause. Resignarse a permanecer atados de pies y manos sin hacer nada queda muy lejos de lo que se espera de unos gestores responsables y competentes.

Puede que ahora existan discrepancias sobre el resultado económico de la ampliación y sus sobrecostes, pero no las hubo a la hora de considerar esa iniciativa como la única que podía salvar a El Musel. En esto estaban de acuerdo los socialistas y hasta Cascos, entonces en el Gobierno central con los populares, que otorgó sus bendiciones al proyecto después de pulirlo y recortarlo, lo mismo que bendijo aeropuertos ahora cerrados o que jamás han tenido tráfico. El diseño de la alternativa asturiana erró probablemente al pensar que la oferta crea la demanda, consecuencia del espejismo de crecimiento imparable en el que vivíamos y que acabó en una burbuja cuyo reventón estamos padeciendo. De eso fueron culpables los gobiernos del PP y los del PSOE.

Si políticos de todos los colores consideraron imprescindible dotar a Asturias de un superpuerto, habrá que pagarlo, aunque eso haya dejado un agujero de 465 millones a la Autoridad Portuaria; unos gastos para esta entidad entre amortizaciones e intereses de 20 millones de euros al año, el 40% de su presupuesto; un sobrecoste de 250 millones de euros; un pleito con las empresas contratistas para rebajarles la factura final en 70 millones de euros y, en fin, una investigación de la Comisión Europea sobre adjudicaciones de contratos instigada, por cierto, por los Verdes e IU, y no por los actuales dirigentes a pesar de su insistencia pública en las tropelías de sus antecesores.

¿Hay alternativas menos onerosas para la devolución de la deuda que recurrir a una desmesurada subida de tasas? Esa es la gran cuestión, y de resolverla acertadamente dependen la economía asturiana y sus exportaciones. Los anteriores rectores portuarios sostienen con rotundidad que sí, refinanciando y difiriendo los pagos. De esa manera, dicen, dejaron a su marcha encarrilado el proceso. Los actuales opinan que no, y coinciden en esa postura con el criterio del Gobierno central. Para liar más esta intrincada madeja, el actual responsable de Puertos del Estado, que exige un esfuerzo extra a la instalación gijonesa, es quien antes, desde igual cargo, puso en marcha la obra. Y el ahora presidente de El Musel que tanto martiriza las cuentas es la misma persona que hace años, como interventor del Estado, les dio el visto bueno.

Ya no estamos en campaña y llevamos perdido, por la taimada transitoriedad del Ejecutivo asturiano, un tiempo precioso. Inversiones que han supuesto un gran esfuerzo solidario, pensadas como portadoras de futuro, no pueden una vez materializadas erigirse en lastre por planteamientos mediocres, a pesar de todos los pesares. El Musel y la economía asturiana atraviesan su peor momento. Precisamente por eso, la necesidad de las empresas tienen que ser la prioridad de los gobernantes. Dado que hay unanimidad en que lo más importante es crear empleo cuanto antes, complicar la vida a los exportadores por mezquindades equivale a anudarse una soga al cuello.