Una de las razones por las que la crisis está teniendo consecuencias más profundas y destruyendo empleo con mayor intensidad en España es que no somos un país industrial; lo cual hizo que los recursos que debía haber demandado la economía productiva, al ser ésta raquítica, fueran absorbidos por la especulación financiera e inmobiliaria. El peso de la industria en el PIB de la UE supone el 18%, en Alemania el 22%, en Italia el 19%, pero en nuestro país apenas llega al 15% y presenta como déficits obvios una baja intensidad tecnológica, tamaño reducido de las empresas y escasa orientación hacia el exterior.
Nunca ha habido un claro compromiso político que situase como clave de la acción del Gobierno corregir esa situación. Aquel ministro, cuyo nombre es preferible ni recordar, que afirmó que «la mejor política industrial es la que no existe» sentó las bases de la doctrina de los sucesivos ejecutivos en esta materia. Se ha renunciado a utilizar las posibilidades que el artículo 38 de la Constitución ofrece para introducir una planificación orientativa en los sectores estratégicos. El último Gobierno de Zapatero elaboró de forma apresurada, con escasa participación de las comunidades autónomas y pensando fundamentalmente en los famosos sectores emergentes, el llamado «Objetivo 2020», que carecía de compromisos de financiación.
Al actual ministro de Industria, por prejuicios ideológicos, le repele el propio concepto «política industrial». De hecho, ni se propone dar cumplimiento a las previsiones del «Objetivo 2020», ni mucho menos elaborar un plan alternativo. Sostiene que no es necesario respaldar a los sectores, sino apoyar a aquellas empresas que destaquen dentro de éstos, lo que sin duda abre un escenario lleno de riesgos de favoritismo en la respuesta a demandas puntuales. Como al señor Soria no le resulta necesaria la política industrial, es compresible que tampoco le hagan falta recursos y, por tanto, acepte que el presupuesto de su Ministerio haya sufrido un recorte del 24% en 2012 y asuma otro tijeretazo del 21,3% para 2013.
Sin embargo, hay alternativas. De esta crisis debemos salir con una estructura económica que impida la repetición de las mismas condiciones que nos han conducido a la recesión. Y ello demanda unas políticas industriales capaces de fortalecer el tejido productivo.
Para Asturias, obviamente, la política industrial resulta aún más importante. Es necesario que se reconozca el carácter estratégico del sector energético, falsamente liberalizado por el Gobierno de Aznar, superando la actual situación de oligopolio con impresentables complicidades políticas (recuérdese el intercambio entre los sillones de los consejos de administración de las eléctricas y los del Consejo de Ministros). No basta con que se pueda alcanzar un acuerdo que garantice temporalmente que la tarifa no invite a la deslocalización de las grandes consumidoras multinacionales. Es imprescindible dar estabilidad y acabar de una vez con el mito del déficit tarifario, alentado por complicidades gubernamentales, y que no ha sido obstáculo para que las empresas sigan repartiendo, en plena crisis, dividendos multimillonarios. De ahí la necesidad de un plan energético nacional que defina un mix equilibrado, en el que el carbón nacional tenga participación y permita un precio que ni lastre la competitividad de las empresas ni castigue el consumo doméstico. Es escandaloso que dentro de la UE sólo Irlanda y Chipre tengan una electricidad más cara que España.
También precisa nuestra comunidad autónoma que la política industrial no caiga en el error de pensar que sólo lo nuevo tiene futuro. En la industria, como en la cultura, sólo se puede innovar sobre los pilares de la tradición. Nada que objetar a que se exploren las posibilidades de nuevos sectores, pero sin olvidar aquellos que han construido nuestra experiencia industrial, desde la siderurgia a la construcción naval, desde la metalmecánica al sector químico, desde las energéticas a las agroalimentarias.
La alternativa es clara: o más política industrial y más industria o más paro.
