(...) desde los padres fundadores, Estados Unido ha estado siempre dividido entre dos tradiciones, la política activista de Alexander Hamilton (1755-1804) y la máxima de Thomas Jefferson (1743-1826) de que "el mejor gobierno es el que menos gobierne". Alexander Hamilton fue una figura central en la creación del primer Banco Central estadounidense en 1791, mientras que Thomas Jefferson lo combatió y contribuyó a su clausura en 1811. Con el tiempo y el acostumbrado pragmatismo estadounidense esta rivalidad se ha resuelto poniendo a los jeffersonianos a cargo de la retórica y a los hamiltonianos a cargo de la política.
"La globalización de la pobreza" (2007, pág. 23). Erik Reinert
La economista italiana Renata Mazzucato, profesora de Economía en la Universidad de Sussex, ha escrito un libro sugerente, controvertido y provocador pero también un texto de lectura imprescindible. Frente al pensamiento neoliberal que tan bien representan figuras como Hayek o M. Friedman y, en el ámbito de la divulgación económica, la revista "The Economist", con su visión del Estado como un "Leviatán hobbesiano" al que relegan a la función exclusiva de establecer las reglas claras y la delimitación precisa del campo de juego en el que prácticamente solo tienen cabida los agentes privados, la autora reclama para el Estado un papel proactivo y una visión estratégica que, a su juicio, resulta inexcusable para el progreso tecnológico, económico y social de nuestro mundo.
Pero si quisiéramos sintetizar en una frase corta el objetivo de Mazzucato diríamos que de lo que trata, a través de una rigurosa investigación empírica, es de "desmontar mitos" y específicamente de arrumbar la idea de que el Estado, por su propia naturaleza, es torpe, burocrático e incapaz de asumir riesgos, y de que si toma decisiones éstas serán necesariamente desacertadas.
Utilizando una rica información estadística, producto en gran parte de las investigaciones previas de los historiadores económicos Bill Lazonick y Carlota Pérez, reconstruye el papel jugado en las últimas décadas por las instituciones creadas por el Gobierno de EE UU y, muy especialmente, las denominadas agencias del Estado: la DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada en Defensa del Gobierno de EE UU), SBIR (Programa de Investigación para la Innovación en la Pequeña Empresa), la ODA o Ley de los Fármacos Huérfanos y la Iniciativa Nacional de Nanotecnología (MNI), y su decisiva contribución al éxito de la innovación tecnológica. Lo que comparten todas estas iniciativas es el enfoque proactivo del Estado y expresan el hecho evidente, pero no siempre desvelado, de que EE UU, además de ser una sociedad emprendedora donde resulta natural crear y desarrollar un negocio, es también un lugar donde el Estado emprende y realiza inversiones en áreas radicalmente nuevas (retórica jeffersoniana pero política hamiltoniana).
Las cifras que aportan las investigaciones son demoledoras a favor de la iniciativa pública y desmontan lo que resultan ser meros "mitos ideológicos" sobre el carácter supuestamente parasitario del Estado.
El 75% de los NEM (Nuevas entidades moleculares) parte de una investigación financiada, no por entidades privadas, sino por los laboratorios del Instituto Nacional de Salud (NIH) de EE UU, financiados con fondos públicos. Durante décadas los nuevos fármacos más radicales han salido de los laboratorios públicos mientras que las farmacéuticas privadas se han preocupado más de los fármacos "yo también" (que presentan solo ligeras variaciones de los fármacos ya existentes) y de su comercialización. Algo, obviamente, más rentable y con menos riesgo.
En el Reino Unido, el Consejo de Investigación Médica (MRC) recibe financiación directa del Gobierno y trabaja estrechamente con el Departamento de Salud. Una de sus investigaciones en la década de 1970 condujo al desarrollo de los anticuerpos monoclonales que constituyen un tercio de todos los nuevos tratamientos para enfermedades como el cáncer, la artritis y el asma. También en el Reino Unido una subvención pública de la Fundación Nacional para la Ciencia financió el algoritmo que llevo al éxito a Google.
Las cifras de gasto de las agencias del Estado son colosales. El Instituto Nacional de la Salud (NIH) destinó en 2012 la cifra de 32.000 millones de dólares solo en biotech y pharma (la media de los últimos años fue de 30.900 millones de dólares). También es relevante y necesaria su atención a aquellos mercados que no interesan de inicio a las farmacéuticas privadas por su pequeño tamaño. El ejemplo de los denominados "fármacos huérfanos" (aquellos que se dirigen a colectivos con menos de 200.000 potenciales pacientes/clientes) es extremadamente significativo. La persistencia de la acción de las agencias del Estado permitió que muchas pequeñas empresas biofarmacéuticas llegaran a ser lo que son hoy en día. Más adelante la subvención se hizo extensiva a las empresas grandes: hoy el 65% de los ingresos por productos de las empresas líderes dedicadas a la biofarmacia provienen de la venta de "fármacos huérfanos".
En otros ámbitos nos encontramos con situaciones parecidas. No es difícil colegir que el sector privado no pudo haber creado internet o el GPS. Solamente los militares estadounidenses disponían de recursos y de una misión de carácter estratégico para hacerlo. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada en Defensa y los institutos de salud han sido los dinamizadores más importantes de la innovación en las últimas cinco décadas. Así, también los logros tecnológicos que se encuentran en la base del éxito de Apple y de su teléfono inteligente iPhone y sus derivados, como internet, redes sin cable, pantallas multitáctiles, el asistente personal Siri, etc. no se produjeron gracias a los capitalistas de riesgo o a los "inventores de garaje", sino gracias a la mano invisible del Estado.
¿Significa esto negar o minusvalorar el genio creador o el imprescindible rol de talentos como Jobs, Bezos, Zuckerberg etc.? En absoluto. Cumplen una función imprescindible en el proceso de ensamblaje y perfeccionamiento innovador; interpretan y anticipan o crean necesidades antes inexistentes y, en casos, su visión abre un mundo de inmensas posibilidades creativas. Lo que se reivindica es el papel del Estado, su contribución al éxito de la innovación entendida como un proceso acumulativo -la innovación de hoy se construye a partir de la innovación de ayer-, y sin su contribución la ola que Steve Jobs incitaba a surfear en su conocida conferencia en Stanford no hubiera sido posible. "No habría habido ola que surfear".
Se recogería así el precepto de Keynes: "Lo importante para el Gobierno no es hacer cosas que ya están haciendo los individuos mejor o un poco peor, sino hacer aquellas cosas que en la actualidad no se hacen en absoluto".
El lector no encontrará en el libro, de forma explícita, un marco teórico o doctrinal en el que insertar el papel del Estado. Su mayor valor lo constituye, a mi juicio, la aportación de un arsenal de estadísticas de extraordinario interés, el conocimiento empírico e histórico de las empresas e instituciones más relevantes de la nueva economía y la demostración irrefutable del papel fundamental e insustituible del Estado en todas ellas. Hablamos, por supuesto, no de un Estado weberiano altamente burocratizado, sino de aquel que a través de la descentralización y sus agencias estatales y con grandes presupuestos selecciona talento con autonomía de decisión y genera una visión estratégica. Pero no resulta difícil, aparte de las referencias mas explícitas de la autora, identificar aportes doctrinales y teóricos como los de Karl Polanyi, estudioso de la antropología económica con un trabajo pionero sobre el papel histórico del Estado en la formación del mercado nacional ("La Gran Transformación", 1941), figura de referencia para economistas como Stiglitz, Krugman o Rodrick, entre otros. Recoge también las figuras señeras de Keynes y Schumpeter y sus contribuciones, plenamente actuales, en defensa del Estado como agente activo en el progreso económico, así como su aportación al desvelar el papel del cambio tecnológico como fuerza motriz del cambio social.
El análisis de las fuentes de financiación arroja, también, resultados sorprendentes. En el estado semilla de crecimiento de las empresas tecnológicas, y concretamente las startups, la financiación a través de las 3 F's Friends-Family-Fools, (amigos, familia y gente local), bien del capital riesgo (C. R.), bien de los business angels (B. A., inversores informales o de proximidad), resulta compleja y es escasa debido al riesgo elevado en esta fase temprana, ya que el potencial de la nueva idea y sus posibilidades tecnológicas y de demanda son muy inciertas. De hecho, la financiación gubernamental en esta fase embrionaria es entre dos y ocho veces la cantidad invertida por el Capital Riesgo y aproximadamente igual a la inversión total de los business angels. Al hecho de que los financieros de C. R. sean "capitalistas impacientes" se unen otras dos importantes características de la inversión en investigación: el horizonte temporal es de largo plazo (sobre todo en la investigación básica), lo que alarga los potenciales y siempre impredecibles plazos de retorno, y otra, resultante de la anterior, la constituye el hecho de que muchas inversiones en investigación contribuyen al bien común, lo que dificulta la apropiación de beneficios por los inversores y las empresas.
El comportamiento inversor privado trae a escena la famosa tesis de Frank Knight de 1921 sobre la distinción entre incertidumbre y riesgo, lo que explicaría el hecho contrastado empíricamente de cómo el capital riesgo (C. R.) ha dependido del Gobierno para la investigación más cara e incierta, antes de entrar a rentabilizar las inversiones. Solamente cuando la incertidumbre sobre el potencial éxito se redujo de forma significativa se decidió el sector privado a materializar su inversión. En palabras de Paul Berg, Premio Nobel de Física en 1980, "el Estado invirtió en una nueva industria hasta que la temida incertidumbre se convirtió en mero riesgo".
Lo descrito hasta aquí abre interrogantes inquietantes sobre el futuro. La constatación de que empresas y Estado han sido, de hecho, socios históricos en el proceso de desarrollo económico y tecnológico se debe a que los gobiernos han estado dispuestos a asumir una parte importante del pago de la incertidumbre y del costo de los desarrollos revolucionarios que probablemente las empresas en solitario no hubieran podido o intentado llevar a cabo.
Pero ante el gran desafío del futuro, y particularmente la apuesta gigantesca por una revolución industrial verde y la nanotecnología, sectores que marcarán nuestro futuro, el modelo de negocio de la vieja economía, clave en la revolución tecnológica de la producción en masa y el fordismo, ha desaparecido, y con el "El Contrato Social" que, basado en la estabilidad en el empleo y en la compatibilidad entre crecimiento y distribución de rentas, sostenía una urdimbre social y económica vital para la sociedad. Hoy, con un tejido deshilachado socialmente, nos enfrentamos a dos retos extraordinarios: de una parte, porque el éxito de una revolución industrial verde solo es posible con acuerdos de múltiples Estados, en un mundo en el que los nacionalismos exacerbados dificultan la cooperación; de otra, porque es necesario transformar el modelo de negocio de la nueva economía en un sistema que distribuya más equitativamente sus beneficios, pero en el que la globalización y la desregulación de los flujos financieros, así como la desafección territorial de los titulares de las obligaciones tributarias, deslocalizando, en busca de rebajas o gangas, sus domicilios fiscales, distorsionan el principio del pago allí donde se crea la riqueza.
Resolver el dilema "innovación versus crecimiento equitativo" es nuestro reto de futuro y solo será posible a través de un nuevo contrato social que, además de permitir que el Estado obtenga los medios financieros necesarios para continuar con su inexcusable papel proactivo en favor del desarrollo tecnológico, sea capaz de redistribuir las ingentes ganancias de las empresas de la nueva economía obtenidas tanto por el talento de sus creadores y gestores como por el sostenido apoyo financiero, investigador y logístico del Estado.
Devolver a sus prestamistas (en ultima instancia los ciudadanos con sus impuestos) parte de los beneficios entra no solamente en la ética del negocio sino que constituye, también, una cuestión de supervivencia, de garantía de su continuidad. Mazzucato ha escrito un libro apasionante. Martin Wolf, economista jefe de "Financial Times", lo expresa así en el último párrafo de su recensión para la revista: "Este libro presenta una tesis polémica. Pero en lo sustancial correcta. La incapacidad para reconocer el papel jugado por el Estado en el impulso a la innovación bien podría representar la principal amenaza al crecimiento de la prosperidad".
