¿Derecho a decidir qué?

A cualquier persona a quien se le haga la pregunta, así, en abstracto, sobre si desea tener "derecho a decidir", la respuesta será unánimemente afirmativa en la totalidad de los casos. Es la pregunta trampa por excelencia. Pero la cosa se complica cuando se pretende establecer o determinar sobre lo que se tiene derecho a decidir. A buen recaudo, a todos a quienes se les haya formulado esta pregunta y hayan respondido asertivamente estarán de acuerdo en que no sobre todo se puede decidir, por ejemplo, sobre la existencia de Dios, o si el universo es finito o infinito, o si la velocidad de la luz es mayor o menor de la que pregonan los astrofísicos? Es decir, el derecho a decidir no es un derecho absoluto, sino condicionado a un sinfín de requisitos.

Qué duda cabe que los vecinos de cualquier municipio, región o comunidad autónoma pueden decidir libremente sobre multitud de temas que les atañen, siempre que estén dentro de sus competencias y sean legalmente convocados al efecto. Podrán decidir sobre si tal o cual proyecto es beneficioso o perjudicial para la comunidad, si tal escuela o instituto debe construirse en esta o aquella zona de la localidad, si la nueva carretera debe tener este u otro trazado, si una industria debe instalarse aquí o allí o no instalarse por las razones que sean. Y así, en infinitos ejemplos. Pero lo que en ningún país del mundo occidental y democrático se permitiría ni se permite es que una parte integrante del territorio de su Estado invocara torticeramente un pretendido derecho a decidir para, de forma y modo subrepticios, convertirlo en el derecho de autodeterminación o secesión, que es un derecho proclamado por la comunidad internacional al exclusivo objeto de impulsar el proceso de descolonización exigido tras la segunda II Guerra Mundial, abriendo de esta suerte un cauce legal para que las colonias pudieran acceder a su independencia, como así ha ocurrido en muchos casos.

Pero lo escrito en el párrafo que antecede lo conoce perfectamente cualquier persona mínimamente culta, salvo ciertos sujetos que habitan en partes entrañables de España, cuales son Cataluña y el País Vasco, que se autoproclaman nacionalistas/separatistas, y reniegan de aquélla que les vio nacer, crecer, trabajar, prosperar y vivir en comunidades ejemplares para todos cuantos no participan de su desvarío, sabiendo como saben que es doctrina reiterada de las Naciones Unidas que el derecho de autodeterminación nunca puede aplicarse a una región de un Estado soberano para conseguir su secesión y proclamarse como Estado independiente, más todo lo demás que igualmente saben por la pertenencia de España a la ONU y a su Consejo de Seguridad, a la Unión Europea, a la eurozona, a la OTAN, a la OCDE, etcétera, con todas las consecuencias que ello conllevaría para el sedicente Estado catalán, y no digamos sobre los precedentes históricos del pasado siglo, con la enérgica reacción del gobierno de la República en 1934 ante la declaración unilateral del Estado catalán por Companys con el propósito de formar parte de una hipotética República Federal española y a cuyo fracasado proyecto quiere ahora sumarse el País Vasco, con la peculiaridad de "sentar las bases para un debate político dentro de la legalidad?".

Pero ¿por qué se ha llegado a esta inaudita situación en la que el presidente de la Generalidad, que es el máximo representante del Estado español en la Comunidad Autónoma de Cataluña, debidamente apoyado por todas sus huestes catalanistas, han convertido a esta región de España en una cleptocracia, no sólo por lo mucho que han sustraído de las arcas públicas durante lustros, (el 3% de comisiones, las ITV, el "caso Torredembarra", el Palau, la Banca Catalana, la ingeniería financiera de la familia Puyol?), sino también por el desgraciado slogan de "España nos roba", cuando lo de "robar" es mencionar la soga en casa del ahorcado..? O que su Parlamento desoiga y desacate las sentencias del Tribunal Constitucional y su Presidenta rechace los requerimientos de dicho supremo órgano y afirme sin rebozo que seguirá en su levantisca contumacia??

Otras lesivas "acciones" cometidas impunemente han sido las de basar el nacionalismo en la lengua, con inmersión obligatoria y desobediencia a múltiples sentencias judiciales; fomentar el irredentismo de los "países catalanes" con la abierta pretensión de que el catalán desplace al valenciano o al balear; el inculcar en las escuelas el odio a España; la vejación de sus símbolos; el desprecio y la descortesía más elemental al jefe del Estado, la falsificación de la Historia, etcétera, etcétera.

Y ahora, el PNV se sube al mismo barco de la mano del PSE-EE y pactan un acuerdo de 70 folios que se ha negociado "con absoluta discreción" y que su secretaria general afirma que lo hizo "asumiendo que cuenta con la confianza de la gestora y del conjunto del PSOE", cuando estábamos en la idea, evidentemente errónea, de que una de las "líneas rojas" que impondría éste en cualquier acuerdo con otros partidos sería la de cuestionar la unidad nacional y el mandato constitucional. Pues parece que ello no es incompatible en formar gobierno con los nacionalistas/separatistas, porque "los partidos no pueden renunciar a su papel de buscar acuerdos?, pues cree que es la única vía y que además puede señalar un camino para solucionar la situación de Cataluña, que no se puede obviar".

Como bien dice el historiador e hispanista británico Henry Kamen, "en política no valen sólo gestos y palabras. El político debe adoptar con firmeza cuantas decisiones sean necesarias en la defensa de las responsabilidades para las que fue elegido." Si esto no es así, las urnas dirán la última palabra, pero mientras tanto, la gobernabilidad de España va a resultar metafísicamente imposible.