El conflicto entre la "Semana negra" y el Ayuntamiento a causa de la retención de la ayuda económica municipal concedida el año pasado a los organizadores de uno de los principales eventos lúdicos del verano gijonés ha destapado un problema aún mayor que afecta a las principales entidades sociales de la ciudad: el retraso en la entrega de las subvenciones que el Consistorio otorga cada año a destacadas organizaciones que trabajan en esta ciudad en apoyo de los más necesitados.

Esa demora en los plazos hace que varias de estas entidades no hayan recibido aún la subvención correspondiente a 2016, lo que conlleva que estas organizaciones altruistas no puedan, a día de hoy, hacer frente a sus compromisos económicos más perentorios. Que los directivos de algunos de estos colectivos sociales hayan tenido que avalar con su patrimonio personal los créditos solicitados para poder sostener la actividad y asumir el pago de las nóminas de los trabajadores contratados, a causa del retraso en el cobro de los convenios firmados con el Ayuntamiento, es simplemente vergonzoso. Caso especialmente sangrante es el del Albergue Covadonga, que tiene pendiente de cobro la escandalosa cifra de 800.000 euros, cantidad absolutamente imprescindible para el sostenimiento de la enorme labor que presta este colectivo y que cuenta en Gijón con el reconocimiento general de la ciudadanía por su acción de ayuda humanitaria basada en la acogida, asistencia y promoción social de personas sin hogar, carentes de medios y en situación de abandono y necesidad.

Fernando Couto, portavoz del equipo de gobierno de Foro Asturias, echó días atrás balones fuera al ser cuestionado por esta lamentable demora y acusó, como suelen hacer los políticos cuando no encuentran otra salida, "al empedrado". Couto apeló a la complejidad de la tramitación de las ayudas y la carga de trabajo que soporta el personal municipal. Es cierto que la Intervención municipal trabaja en la actualidad con el máximo nivel de exigencia hacia estas organizaciones, que tienen que justificar ante el Ayuntamiento, como entidad pagadora, hasta el último euro de sus gastos. Ese control es necesario, tanto como conocer el destino de cada euro de procedencia pública que se entrega a un colectivo social. De igual forma, estas asociaciones han de cumplir escrupulosamente con la obligación de acreditar con documentos y facturas todos sus gastos. Y consta que la mayoría lo hacen, lo que convierte en inexplicable el sistemático retraso en la liquidación de las subvenciones municipales.

Si como explicó su portavoz, el equipo de gobierno no puede exigir a la Intervención y a los funcionarios, "que ya están al cien por cien de trabajo, que vayan más rápido de lo que tengan que ir", su obligación es contratar más empleados públicos o, si la ampliación de plantilla no es posible, reordenar las tareas funcionariales de manera que deje de ocurrir lo que está ocurriendo: que el retraso en la entrega de las ayudas ponga al borde del colapso a destacadas entidades de la ciudad que realizan una labor social ingente.