Desde el pasado sábado, con intervalos de apenas diez minutos, nos enteramos de algo que el Gobierno quiere hacer con respecto a Cataluña mediante la aplicación del artículo 155. Pero una cosa es querer, otra poder y otra más estar verdaderamente dispuesto a hacerlo. Lo que en realidad querrián el Gobierno y el PSOE de Pedro Sánchez es que, convocando él mismo las elecciones, el propio Puigdemont les librase del engorro de tener que intervenir la autonomía catalana y ejercer de ese modo la responsabilidad de Estado que les corresponde. Aunque sea a costa de perder nuevamente la iniciativa política.
Para aplicar el 155, como es debido, desmontar la administración secesionista y promover el cese del Govern, hará falta emplear nuevamente la fuerza. Los rebeldes no van rendirse, ni a ceder por las buenas, después de la que han armado.Todo ello contando con que el propio desarrollo legal de la medida sea un camino de rosas. Si se hacen efectivas las decisiones más duras e indispensables habrá, al mismo tiempo, que tener los arrestos de enfrentarse a la reacción de una parte de la opinión pública, no sólo de la que ya es desde el minuto uno cómplice de la revuelta sino de la que pide que se actúe y podría, en cambio, no estar dispuesta a secundar la acción coercitiva para tumbarla. A los estomagos delicados que repudiaron las "escenas violentas" del 1-O les esperan otras seguramente ineludibles en defensa de la democracia.
Hemos llegado hasta aquí porque el Gobierno jamás pensó que los rebeldes se atreverían a tanto. Estos tampoco creyeron en la determinación del Estado. Los unos siguen tanteando a los otros, y los otros a los unos. Esta actitud tan presuntivamente infundada es muy española.
