Los expertos ven «dramática» la situación y piden aprobar un nuevo plan «sin atajos»

La situación urbanística de Llanes es «dramática», sin parangón con ninguna otra en España. Llanes se ha quedado sin plan urbanístico, pues todos los anteriores están anulados por los jueces o derogados. El Ayuntamiento conserva las competencias urbanísticas, pero carece de normativa municipal que aplicar. Así que su margen de maniobra es muy estrecho, prácticamente inexistente. Los seis expertos consultados ayer por LA NUEVA ESPAÑA -tres prefirieron permanecer en el anonimato- coincidieron en señalar que el Ayuntamiento no podrá conceder licencias de obra mayor (construcción de nuevas viviendas, por ejemplo) hasta que cuente con un nuevo plan general. Sólo podrá otorgar licencias centradas en «la conservación y mantenimiento de lo que hay». Los urbanistas sólo ven una salida posible: suspender de inmediato la concesión de licencias, «para evitar más problemas», y redactar lo más rápido posible, «pero con todas las garantías legales» y «sin atajos», un nuevo plan de urbanismo. Cualquier otro camino «sería un suicidio».

En esos términos se expresó Gerardo de la Iglesia, abogado experto en Derecho Público y Urbanismo. Fue claro y contundente: la sentencia del Supremo es «muy buena y muy fundada en derecho», a la vez que «durísima». El Supremo ha confirmado todas las graves irregularidades observadas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y ha acusado al Ayuntamiento de «ocultación de documentos» y de «hurtar a la ciudadanía la posibilidad de alegar» sobre varias actuaciones urbanísticas, lo que supuso «quebrantar el control democrático de los ciudadanos». Algo «gravísimo», según De la Iglesia, quien incidió asimismo en las deficiencias observadas en la memoria del plan y en el estudio económico y financiero. «Pocas veces he visto una sentencia tan fuerte», añadió el jurista. El futuro es «negro», según De la Iglesia, quien asegura que la sentencia del Supremo ha dejado fuera de ordenación la mayor parte de las actuaciones urbanísticas ejecutadas en el concejo en las últimas décadas. «Será posible legalizar muchas de ellas, pero quizá no todas». Por eso a De la Iglesia no le extrañaría ver «algún derribo» en el concejo de Llanes en los próximos años.

Javier Junceda, abogado y catedrático de la Universidad Internacional de Barcelona, alabó el pronunciamiento del Supremo, que ha certificado la «solidez» de los criterios que llevaron al TSJA a anular el plan general en 2007. «La sentencia confirma punto por punto que se ha infringido el régimen de información pública en la aprobación del PGOU, que se ha vulnerado el régimen de la memoria y estudio económico financiero y que se ha intentado sortear el control jurisdiccional al llevar a un PGOU planes de desarrollo anulados con ocasión de la declaración judicial contraria a las normas subsidiarias municipales» de 1992.

Junceda defiende que el urbanismo actual está basado en el planeamiento, por lo que «no cabe urbanismo sin plan». Así que aboga por la suspensión de los procedimientos urbanísticos hasta la aprobación de un nuevo plan, que debería tramitarse «con la mayor celeridad y garantías». Junceda sostiene que el Ayuntamiento no podrá otorgar licencias de obra nueva. Lo mismo que De la Iglesia, Junceda subrayó que el Ayuntamiento puede incurrir en responsabilidad patrimonial si como consecuencia de la sentencia del Supremo se produce algún derribo u otros perjuicios a promotores o propietarios.

El abogado Javier Calzadilla, que representa a la Agrupación de Vecinos de Llanes (Avall) en el «caso La Talá», coincidió con sus colegas al señalar que el Ayuntamiento de Llanes se ha quedado sin instrumentos de ordenación urbanística. «Hoy Llanes no tiene plan de ordenación», por lo que han quedado automáticamente anulados, también, los planes parciales, entre ellos el de La Talá, al quedarse sin cobertura jurídica. Lo mismo ocurre, a su juicio, con las licencias de obra nueva. En cuanto a las obras ejecutadas al amparo de los planes anulados, habrá que examinar «caso por caso». En el caso de las actuaciones que carezcan de cobertura jurídica, habrá que estudiar, a su vez, «si son o no legalizables».