Los ganaderos de Colunga acordaron ayer no vender más vacas que den positivo en la prueba de la tuberculina. Los afectados pretenden sacrificar a los animales en el matadero, pero se quedarán con ellos si los servicios veterinarios determinan que no hay rastro de la enfermedad. "Dado que esa carne se destina a consumo humano, preferimos quedárnosla nosotros e invitar a la consejera (de Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez) a que venga a comerla", señaló el ganadero Ángel Labra.

La decisión se adoptó después de que el ganadero Mario Meléndez pidiera quedarse con el canal de la vaca que fue marcada esta semana al dar positivo y que fue sacrificada ayer. El afectado se encontró con que la venta en canal ya estaba comprometida con una comercializadora, incluso antes del sacrificio, lo que llevó a los ganaderos a optar por no vender más animales con "falsos positivos" para que "nadie haga negocio con ellas". La vaca de Meléndez fue declarada "apta para el consumo humano" sólo dos días después de haber sido marcada.

Los ganaderos denominan "falso positivo" a aquel que no es ratificado por los servicios veterinarios y los cultivos en laboratorio. De los 60 positivos registrados este año en Colunga, 59 dieron después resultados negativos en todas las pruebas siguientes. Eran animales sanos, pero fueron sacrificados y las cabañas ganaderas a las que pertenecían inmovilizadas hasta que los cultivos determinaron que las vacas no estaban enfermas. Además, después, los ganaderos deben realizar análisis de todos los animales que vendan durante tres años.

Los ganaderos creen que este sistema los perjudica. Un ejemplo: Mario Meléndez recibirá por la vaca sacrificada ayer unos 450 euros por la venta en canal y otro tanto de ayuda de la Consejería. Pero esa vaca, sana y preñada de cinco meses como estaba, podría haberse vendido por entre 1.500 y 1.800 euros, señaló.

De otro lado, la responsable de Medio Rural de Podemos Asturies, Paula Valero, indicó que los falsos "positivos" podrían estar siendo utilizados "para reducir los precios pagados a ganaderos". La diputada autonómica reclamó "una retribución digna a los profesionales que incentive la calidad en la producción y evite el despoblamiento rural".