La negativa del Gobierno del Principado a prestar auxilio técnico al Ayuntamiento de Llanes para informar las obras del "caso Kaype" (el derribo de la ampliación ilegal del hotel de la playa de Barru, ordenada por los jueces) es "una decisión política" que supone "un agravio para los vecinos y las vecinas" de ese concejo. Es la "sospecha" que manifestó ayer Paula Valero, diputada autonómica de Podemos Asturies. Según la parlamentaria, el Principado está obligado por ley a prestar ayuda a Llanes, que carece de arquitecto que informe el derribo del Kaype, al tener a la funcionaria titular de baja médica y una segunda plaza vacante desde hace años. Valero, que preguntará al Gobierno por esta cuestión en la Junta General, considera que el Principado está entorpeciendo el cumplimiento de la sentencia de derribo.
