El fallo judicial ahonda en la situación que atravesaba Venturo XXI en el año 2008 «cuando se sabía que el ejercicio precedente casi había duplicado las pérdidas del ejercicio de 2006 y todo había desembocado en un rotundo fracaso». Considera «inexplicable» que no se cerrara la empresa. «Las pérdidas económicas eran absolutamente insoportables (...). Cualquier empresario con un mínimo de capacidad de reflexión y sensatez habría liquidado y cerrado su negocio», afirma el fallo judicial.

«Sin embargo, el cierre no sólo no sucedió, sino que los responsables de Venturo decidieron comprar el edificio en que pasó a estar centralizada su actividad hasta el momento presente», una decisión que considera chocante. También detalla que el Ministerio de Industria ha decidido revocar la subvención que otorgó a la empresa, a la que reclama 1,2 millones de euros, por incumplir las condiciones en las que se basó la ayuda, «lo que incluso podría tener repercusiones en el ámbito penal para los administradores».

Tras exponer con detalle la evolución de la empresa desde su creación, el juez Raposo analiza otros aspectos de la gestión de la cartográfica. «Hemos comprobado que los cuatro miembros del consejo de administración no calcularon las consecuencias de sus decisiones, no tomaron medida alguna para paliar los malos resultados, actuaron con ligereza en el uso de sus recursos, fueron incapaces de mantener una buena cartera de clientes y el nivel de producción que la sobrevivencia de la compañía precisaba (...). A ello podemos añadir unas últimas decisiones que entran en el umbral de lo irracional, como intentar, en enero de 2010, cuando ya estaba todo perdido, obtener subvenciones por importe de 555.000 euros para contratar a 17 trabajadores», señala en el fallo judicial.

También refleja en la sentencia los «indicios, publicados en los medios periodísticos, de cierto trato de favor hacia los hermanos Coronado». Como ejemplo, pone el arrendamiento a los Coronado de una oficina en Valladolid, por la que se pagaron alquileres entre 2008 y 2010, y por los que una sociedad de ambos hermanos reclama ahora 204.018 euros. «Crecinter, otra empresa de los dos hermanos, de reciente creación, también contrató con Venturo de modo significativo; las facturas, al parecer, se inflaban cuando se compraba a empresas de los Coronado y hubo, al parecer, desvío de dinero hacia Huso-29, otra sociedad de los dos hermanos». Considera, por tanto, que la gestión fue «desordenada, gravemente negligente e impropia de cualquier gestor (...) Todos ellos, y especialmente el señor Marroquín (...) han incurrido por su reprochable comportamiento en la responsabilidad personal» que contempla la ley. Por último, rechaza el argumento de Sainz de que Venturo XXI se hundió por la crisis económica, que sólo incidió cuando la situación era «irremediable». Por eso, concluye que las acusaciones de Reinares «presentan un sustrato de verdad» y desestima la demanda de Sainz, que pedía 20.000 euros, cedidos a la Cocina Económica. La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial.

El fallo

Lo que pedía Sainz

Reclamaba 20.000 euros, destinados a la Cocina Económica, y la publicación del fallo, en defensa de su honor.

La sentencia

Considera que Reinares no injurió a Sainz y Marroquín e impone a ésta las costas.