El grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Jefatura Superior de Asturias de la Policía Nacional considera que la operación por la que la constructora pública Sedes compró con sus fondos las oficinas del Calatrava, para luego permutarlas por solares con el Principado, fue "inusual e inexplicable", además de "irregular e ilógica". El informe policial que fue remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo que investiga el caso, tras una denuncia interpuesta por los trabajadores de Sedes, subraya además que la compra por parte de las constructora de las oficinas a Jovellanos XXI "se realizó con una premura inusitada" y que el Principado adquirió los locales "saltándose los controles públicos preceptivos, sin justificación alguna de la necesidad de la adquisición" y "pagando por él un excesivo precio".
Según el informe, la decisión de la compra se tomó en un solo día -el 30 de abril de 2004- en el seno de la Comisión Ejecutiva de Sedes. "Y ese mismo día", según reza el escrito policial al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, "se firma el contrato de compra venta". Además, siempre según el informe, y basándose en actas de las reuniones de la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración de Sedes, se da cuenta de la existencia de cartas personales "al parecer de presión e intimidatorias" firmadas por el presidente del Consejo de Sedes de la época, contra los consejeros, vinculados a Cajastur, que no veían con buenos ojos la operación. Aunque más adelante, estos consejeros darían el visto bueno a la compra.
En un principio, los planes iniciales pasaban porque Sedes alquilara las oficinas del Calatrava al Principado, pero esta opción acabó desechándose. Al mismo tiempo, la Policía hace constar que la operación chocaba con el "desproporcionado tamaño entre la cuantía del inmueble adquirido (59,4 millones de euros)" y "el activo reflejado en el balance de situación de la empresa (68,44 millones)". Derivada de esta situación, y a juicio de los investigadores, la empresa comenzó a tener problemas financieros que desembocaron en despidos de los trabajadores y en un plan de viabilidad que llevó a reducir la deuda con Liberbank (antes Cajastur) a cambio de los solares que Sedes recibió por parte del Principado.
Al mismo tiempo, se señala que el Principado de Asturias "habría realizado alguna otra operación en similares condiciones en la misma zona de Buenavista, a un precio sensiblemente inferior". La Policía entiende que esto podría reunir "los elementos de que un tercero con ánimo de lucro (Jovellanos XXI) se hubiera beneficiado de caudales públicos sustraídos".
