"Las élites españolas no van a los colegios concertados, estudian en Suiza o escogen centros totalmente privados". Pablo García-Vigón, presidente de la Asociación de Padres del colegio Santa Teresa de Jesús, de Oviedo, quiso evidenciar con esa idea, ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, que la enseñanza concertada, cuestionada desde algunos sectores, presta un servicio mayoritario a las clases medias, las que predominan en España.

Fue en el marco de una mesa redonda dedicada a analizar la situación de la enseñanza concertada en Asturias, en peligro, según los miembros de la Plataforma por la Libertad Educativa, que tomaron como referencia las recientes declaraciones del consejero de Educación, Genaro Alonso. El Consejero dijo en la Junta General del Principado que "es ineludible una reducción de unidades". Alonso se expresó en esos términos al responder a una pregunta urgente del diputado del PP David González Medina, ayer entre el público con la presidenta del PP regional, Mercedes Fernández, y al lado del empresario Pablo Justel.

Elena Figaredo, integrante de la Plataforma por la Libertad Educativa, matizó que los conciertos educativos no son una subvención, "más bien son la respuesta a un derecho que se reconoce en la Constitución". Figaredo abogó incluso por ampliar los acuerdos, "ya que todas las plazas ofertadas este curso en Asturias se cubrieron y quedó una lista de espera". En su defensa de la enseñanza concertada los ponentes, entre los que también estaba Javier Jové, del Club de los Viernes, argumentaron los buenos resultados de los alumnos frente a los datos de la red pública, que duplica las tasas medias de abandono escolar. Además, las escuelas públicas de Asturias tienen un 35 por ciento de vacantes, mientras que la concertada sólo un 17 por ciento. Javier Jové fue más allá y consideró que en realidad los motivos de la Administración para pretender una reducción de los conciertos "no son económicos, sino más bien ideológicos". "Ese monopolio educativo al que nos quieren llevar atenta contra la democracia y muchas familias no se dan cuenta del peligro que esto entraña", agregó.

García-Vigón, que estudió en centros públicos, indicó que no se trata de emprender una guerra contra el sistema estatal, "sólo pedimos que se respete el derecho fundamental a recibir una formación ética y religiosa".