Madrid / Oviedo, M. S. M.

El Consejo de Ministros aprobó ayer la entrada en vigor del real decreto que regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada, que a partir de ahora se cargará a los Presupuestos Generales del Estado. Se trata de un nuevo sistema que sustituye al llamado «canon digital», la tasa que se aplicaba a medios de grabación por efectuar copias privadas para compensar a autores, editores, productores y entidades de gestión de los derechos de autor.

Con el real decreto aprobado ayer se regulará y fijará quiénes son los beneficiarios de la compensación equitativa por copia privada, con cuánto han de ser compensados, cómo se va a determinar la cuantía, qué porcentajes estarán destinados a soportes sonoros, audiovisuales y libros y la asignación a las entidades de gestión para su posterior reparto.

La cantidad será fijada y abonada a ejercicio vencido, ya que la estimación del perjuicio causado por las copias privadas se realizará en función de estadísticas.

Los más críticos quieren ver en la nueva normativa una vuelta del canon digital eliminado el 31 de diciembre pasado. La diferencia es que si antes se imponía un canon a los sistemas o los aparatos de grabaciones, ahora, esa tasa la pagarán todos los contribuyentes, ya que se abona con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer, tras la reunión del Consejo de Ministros, que el real decreto «permitirá llevar a cabo esa compensación» y cumplir con las sentencias del Tribunal Superior de la UE y de la Audiencia Nacional, como la «sentencia Padawan» de 2010, que exigía un mayor esfuerzo a los estados miembros de la UE por tener en cuenta en este pago que los dispositivos y los soportes digitales no siempre son utilizados para realizar copias privadas.

Para el pago de la copia privada, este año se emitirá una compensación de cinco millones de euros, igual que para 2013, cifra que repercutirá en la totalidad de la ciudadanía, igual que sucede en la mayoría de los países nórdicos, lo que algunos ven desequilibrado si se tiene en cuenta que la situación económica de aquéllos es más favorable.

Según Sáenz de Santamaría, la nueva norma «sólo determina quién recibe esa compensación, con criterios objetivos de repartos», pero «no se establece ningún tipo de impuesto añadido al usuario». «Se da cumplimiento a ese decreto ley que eliminó el canon de los aparatos de reproducción y ahora son los Presupuestos Generales del Estado los que fijan una cantidad que se reparte, pero no se fija ningún nuevo impuesto», explicó.

El real decreto esboza que serán las propias entidades de gestión las que se encarguen del reparto de las cantidades fijadas por el Ministerio a partir de los criterios técnicos establecidos que determinan quiénes son los beneficiarios. Los criterios también tienen en cuenta la estimación del número de copias realizadas, el impacto sobre la venta de ejemplares de las obras, el precio medio y la vigencia de los derechos de propiedad intelectual de las obras, el daño mínimo y la aplicación de medidas tecnológicas.

La determinación de la cuantía se realizará en el primer trimestre de cada año sobre los datos del año anterior y será el Ministro quien fije su distribución entre cada una de las modalidades de reproducción afectadas por la copia privada: audio, vídeo y libro.