El Congreso de los Diputados aprobó ayer, con la única oposición de PP y sus socios Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria, la toma en consideración de la proposición de ley remitida por el Parlamento de Cataluña para reformar el Código Penal y despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Una decisión que, en la práctica, supone un primer paso para regular estas prácticas.

En total, la propuesta ha recibido 175 votos a favor, 136 en contra (procedentes de las filas del PP y de Unión del Pueblo Navarro), y 32 abstenciones (de los diputados de Ciudadanos). Había siete diputados ausentes en la votación.

La propuesta pasa por modificar el apartado cuatro del artículo 143 del Código Penal, a fin de eximir de responsabilidades a aquellas personas que "de manera indirecta o cooperando" ayuden a una persona que lo pida "de forma expresa, libre e inequívoca" a morir de manera "segura, pacífica y sin dolor". Se precisa además que el paciente deberá sufrir "enfermedad terminal" o una "patología incurable" que le provoque "un sufrimiento físico o psíquico grave que se prevea permanente".

En la actualidad, el Código Penal recoge distintas penas de prisión, hasta un máximo de diez años, para los inductores, cooperadores y ejecutores del suicidio asistido.

Con la aprobación de esta propuesta, se inicia un período de tramitación que se espera que sea largo, y durante el cual los grupos podrán presentar enmiendas para modificar el texto aprobado por el Parlamento de Cataluña. De hecho, el PSOE registró hace una semana una proposición de ley para regular la eutanasia, sólo para dos supuestos: discapacidad grave crónica o enfermedad grave en incurable. La propuesta del PSOE excluye de forma expresa el consentimiento por representación. Esto es: no se puede solicitar la eutanasia por otras personas.

Los colectivos médicos y los profesionales asturianos inciden en la importancia de este primer paso, y aunque se muestran cautos ante las posibles modificaciones que pueda sufrir la propuesta en su tramitación parlamentaria, dejan entrever sus diferencias en un debate que desborda los márgenes de la política e, incluso, de la propia medicina, para adentrarse en los terrenos de la ética.

Luis Javier Rodríguez, presidente de Derecho a Morir Dignamente (DMD) en Asturias, celebra la decisión: "Es un paso grandísimo y muy interesante. Por lo menos existe la posibilidad de que esta opción sea discutida en el Parlamento estatal". A su juicio, la Ley de muerte digna que se debate actualmente en la Junta General del Principado es "papel mojado" porque "no pueden hacer nada porque está el Código Penal que impide el suicidio asistido". Rodríguez, en todo caso, teme que la propuesta se distorsione durante su tramitación: "Ahora llega el juego de los intereses políticos y las estrategias correspondientes".

El Colegio de Médicos está pendiente de una reunión de la Comisión Deontológica para debatir su postura. "No conocemos los detalles de la proposición de ley. Como Colegio, siempre nos hemos posicionado de forma contraria a la eutanasia, pero hay que conocer los detalles de la propuesta legislativa", explica su presidente, Alejandro Braña. El médico recuerda además que "la eutanasia no es una cuestión técnica, sino ética y deontológica".

Susana Pérez-Alonso, presidenta de la Asociación de Usuarios de la Sanidad (Asencro), incide en la complejidad del tema, y alerta de posibles repercusiones no previstas por los legisladores: "Los enfermos no quieren morir con dolor, eso es evidente, pero la eutanasia consiste en causar la muerte. En cuestiones de esta profundidad ética, el problema no es lo que se legisla, sino una vez legislado cómo evitas lo que pueda venir detrás".

Por su parte, Dolores Escudero, jefa de la UVI del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), apuesta por afrontar una regulación de la eutanasia, aunque siempre que se den todas las garantías para defender al ciudadano y una práctica rigurosa: "Me parece necesaria una regulación que englobe todas las opciones, que el individuo puede decidir cómo va a ser el final de sus días. Quizá la sociedad ya está madura. Debe ser una ley muy garantista y que tenga los filtros adecuados y garantice todos los controles necesarios".

En paralelo al debate en España y en Asturias, la regulación de la eutanasia y el suicidio asistido ha sido también objeto de controversia internacional por el caso de David Goodall, científico australiano de 104 años que viajó a Suiza para poder morir al considerar que su calidad de vida había empeorado. Goodall falleció ayer en Basilea, a consecuencia de una inyección de nembutal, suministrada en las instalaciones de la fundación "Exit International".