Oviedo

La fiscalía solicita cuatro años de prisión para un vecino de Oviedo de 50 años por difundir a través de internet vídeos pornográficos en los que participaban niños. El acusado, cuya identidad responde a las iniciales J. M. G. G., será juzgado el próximo miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo por un delito de corrupción de menores por compartir con otros usuarios de la red, a través del programa de intercambio eMule, un archivo que contenía vídeos en los que los niños exhibían «en actitud erótica sus órganos genitales» y realizaban «actos sexuales con personas mayores de edad y otros impúberes», según el relato del fiscal.

Los hechos se remontan a 2008, cuando a instancias de la denuncia de un particular y durante una investigación policial iniciada en la provincia de Zaragoza, la unidad orgánica de la Policía judicial de la Guardia Civil «comprobó que el acusado compartió en dieciséis ocasiones» los vídeos de contenido pornográfico a través de la red P2P del eMule.

Una vez identificado el titular de la dirección IP desde la que se había llevado a cabo la difusión de los archivos, el Juzgado de instrucción de la localidad zaragozana de Tarazona autorizó el registro del domicilio del sospechoso en Oviedo, que agentes de la Policía judicial efectuaron en la mañana del día 21 de enero de 2009.

En el transcurso de la inspección de la casa, sigue el fiscal, «se encontraron el PC utilizado por el acusado, archivos de uso personal y archivos compartidos que contienen fotografías de menores de 13 años mostrando sus órganos genitales, en actitud erótica y humillante para ellos y realizando actos sexuales con personas mayores de edad y otros impúberes».

Las conclusiones provisionales del ministerio público dan por cierto que J. M. G. G. guardaba todo ese material «para satisfacer sus deseos libidinosos y los de terceros, ya que era consciente de estar compartiendo los citados archivos pornográficos con otros usuarios de la red».

El acusado, que carece de antecedentes penales, se enfrenta por todo ello a una solicitud de condena de cuatro años de cárcel y al mismo período de «inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier oficio o cargo relacionado con menores». La fiscalía solicita que en la vista se tome declaración, además de al acusado, a tres agentes de la unidad orgánica de la Policía judicial de Tarazona y a tres adscritos a la Comandancia de Oviedo.