Engaña a una marroquí para que haga de esclava sexual en Oviedo por 300 euros

902 euros en dos plazos. Éste es el botín que Y. C., marroquí de 60 años, supuestamente obtuvo de engañar a una compatriota para tratar de venderla como esclava sexual a un vecino de Oviedo que estaba dispuesto a pagar 300 euros al mes a quien estuviera dispuesta a ejercer como su asistenta y amante. Paradójicamente, los 902 euros los pagó la propia mujer. Esta historia, por la que la fiscalía pide un total de cinco años para Y. C., comenzó en 2005 cuando el acusado se enteró de que el español A. L. F. pagaría hasta 300 euros al mes, más alojamiento y manutención, a la mujer que quisiera limpiar su casa y acostarse con él. Y. C. contactó en Marruecos con su compatriota B. E. H., a la que supuestamente ofreció la posibilidad de conseguirle un permiso de trabajo y de residencia en España como conductora del vehículo de un minusválido.

Por este trabajo la mujer recibiría un salario de 1.500 euros al mes, además del alojamiento y la manutención. Según el relato de la fiscalía, B. E. H. aceptó la oferta. Supuestamente tuvo que pagar al acusado 10.000 dihrans marroquíes (unos 902 euros) divididos en dos plazos de cinco mil dihrans cada uno. Una vez cobrado el dinero, el acusado se puso en contacto con A. L. F., quien tramitó la documentación para que la mujer pudiera entrar en el país como empleada de hogar interna. El coste de los trámites realizados en la oficina de extranjería de la Delegación del Gobierno en Asturias, en septiembre de 2005, los pagó el propio A. L. F.

Una vez en España, la víctima descubrió que las condiciones de trabajo no eran las pactadas y que el sueldo de 300 euros mensuales estaba muy alejado de los 1.500 prometidos. Por eso al mes de estancia en la casa abandonó el trabajo. La mujer nunca accedió a las proposiciones sexuales de A. L. F., quien no consta que insistiera o que forzara a la chica para que mantuviera relaciones con él. Además, A. L. F. pagó la Seguridad Social de la marroquí el tiempo que trabajó en su domicilio. La fiscalía pide para el súbdito marroquí tres años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores y dos años por estafa, y un multa de 902 euros.