Dado que los tribunales han sentenciado que las licencias municipales concedidas para ampliar el hotel Kaype, de Barru (Llanes), fueron ilegales, es tiempo de determinar si la construcción, casi terminada, puede legalizarse. De nuevo tendrán que establecerlo los jueces. Si resultara jurídicamente posible legalizar lo ya construido, bastaría con que el Ayuntamiento recibiera las cesiones correspondientes y con que se cumpliera la distribución de beneficios y cargas que nunca existió. Si sólo resultara posible legalizar una parte del edificio, habría que demoler el resto. Y si resultara imposible legalizar nada, habría que echarlo todo abajo. En estos dos últimos casos la propiedad podría reclamar en el Juzgado -y con casi toda seguridad ganaría- una indemnización millonaria. Y las autoridades locales deberían entonces buscar a los responsables del quebranto, para que lo pagaran de su bolsillo. Dura lex sed lex.
