La Cofradía de Llanes ejerció su derecho a solicitar el arranque en los campos marinos, y los ocleros están en su derecho de oponerse, como el Gobierno del Principado lo tiene para autorizar o prohibir. Con un matiz: la legislación y las directivas europeas exigen una serie de requisitos para permitir este tipo de actividades, entre los que figuran la participación ciudadana cuando el proyecto afecta al medio ambiente y la existencia de estudios que avalen su sostenibilidad. Hasta ahora se ha oído mucha palabrería, pero ni se ha consultado a nadie, ni se ha mostrado estudio alguno sobre el arranque y su incidencia en el medio marino y en el entramado socioeconómico de Llanes. Los Juzgados tienen como misión dilucidar los conflictos que surgen entre personas, entidades, colectivos e instituciones. La "guerra del ocle", un conflicto de intereses al fin y al cabo, quizá tenga que dilucidarse en los Juzgados.
