IU aconseja al Gobierno que tome medidas «con base legal» para evitar «otro ridículo»

Izquierda Unida, socio del PSOE en el Gobierno del Principado, aconsejó ayer al Ejecutivo que «sea muy cuidadoso con todas las medidas que ponga en marcha» en relación con la carrera profesional de los funcionarios. Ante la decisión del Principado de seguir pagando el plus a los funcionarios según el mismo procedimiento que cuestiona en su sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), el coordinador general de la coalición en Asturias, Jesús Iglesias, expuso su deseo de que la salida al conflicto «agote la negociación con los sindicatos y garantice que la fórmula que se ponga en marcha tenga base legal suficiente». A juicio de Iglesias, «no cabe correr riesgos de que la comunidad autónoma vuelva a hacer el ridículo como con la sentencia del TSJA», adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, que anuló el desarrollo de la carrera hecho por el Principado y contra la que tres sindicatos han anunciado recursos al Supremo.

«Cabe interpretar», sigue el coordinador de IU, «que el hecho de que la sentencia no sea firme sea la percha de la que se cuelga esa decisión de seguir pagando, pero en ningún caso es deseable que esta situación se prolongue en el tiempo», asegura. Iglesias insta al Gobierno a no repetir «la absoluta inactividad» que mantuvo en este terreno «durante la larga tramitación del recurso» que desembocó en la resolución del TSJA.

Una vez que once magistrados, «sin ningún voto particular, han llegado a la conclusión de que el desarrollo de la carrera no tenía base legal», apuntan en IU, «los sabios asesores jurídicos del Principado deberían buscar refugio político en Tanzania, por lo menos. A la vista de la demanda, alguien tenía que haber visto un riesgo claro de que se tumbara el acuerdo y haber aprovechado el tiempo para dar los pasos necesarios para legalizarlo».

Para el Partido Popular, es «el Gobierno el único responsable del caos al que se ha llevado a los empleados públicos con la carrera profesional» y los «bandazos» que ha dado tras conocer la sentencia «muestran su incapacidad para asumir las consecuencias de sus actos irresponsables». El diputado Ramón García Cañal advierte además de los riesgos que lleva asociada la decisión del Principado de mantener «el pago indebido de decenas de millones de euros» que suponen los complementos retributivos de la carrera para los funcionarios que se adhirieron a ella. «Si el Supremo ratifica la sentencia del TSJA», interpreta Cañal, «los funcionarios pueden verse obligados a devolver las cantidades que cobren a partir de ahora, pero si va más allá y declara nulo el acuerdo, también podrían tener que devolver lo cobrado desde 2007».

Por eso califican de «irresponsable» el movimiento del Gobierno. Para el dirigente popular, las soluciones están en la petición que ha efectuado su grupo para que se cumpla la resolución que la Junta General del Principado adoptó ya en junio de 2008 y que instaba al Ejecutivo a presentar un proyecto de ley que diera cobertura normativa a la carrera profesional, el mismo que ahora ha reclamado el TSJA y que sigue pendiente. Las solicitudes del parlamentario popular se completan una vez más con la petición de depuración de responsabilidades en el gabinete de Areces, toda vez que, para él, «lo más lógico, como consecuencia del error gravísimo que se ha cometido, debería ser la destitución de la consejera Migoya, a pesar de que somos conscientes de que el máximo responsable es el Presidente».

El PP incluye entre los «bandazos» del Gobierno el apoyo que presta ahora a las mesas sectoriales de negociación con los sindicatos de la función pública. El diputado Emilio Rodríguez censura la «hipocresía» de UGT y CC OO, que se oponían a esa discusión por ámbitos hasta el pasado jueves.