El juez aprueba la regulación de empleo en Factorías Juliana a partir de septiembre

Gijón, M. C.

El titular del Juzgado de lo mercantil número uno de Oviedo, Alfonso Muñoz Paredes, aprobó ayer el expediente de regulación de empleo de Factorías Juliana, que afectará a la gran mayoría de los 180 empleados del astillero privatizado, a partir del próximo 1 de septiembre. De estos trabajadores, 150 procedentes del antiguo Izar Gijón tienen garantizado su futuro por la SEPI mediante prejubilaciones (113) o la recolocación en astilleros públicos de Navantia (27).

A partir de septiembre sólo permanecerán en sus puestos un reducido grupo de empleados para atender a las tareas necesarias en el buque cementero «Cristina Masaveu». El buque tendrá que trasladarse a otro astillero para su conclusión si Juliana no logra los fondos necesarios para pagar a las compañías auxiliares que se encargan de la obra.

La dirección de Juliana y la de su matriz Factorías Vulcano mantuvieron el miércoles una reunión con Pymar para lograr fondos. Pymar se había negado inicialmente a conceder un aval de 6 millones de euros para continuar las obras en el cementero. El organismo, controlado por el Ministerio de Industria, valora ahora revisar esa decisión, tras haber concedido otro crédito de 4 millones de euros al astillero de Sevilla, privatizado a la vez que el de Gijón, según fuentes empresariales.

El juez ha aprobado un expediente mixto de regulación de empleo, mediante el que se enviará al paro a la mayor parte de los 180 trabajadores de Factorías Juliana a partir del 1 de septiembre. De esa plantilla, 113 trabajadores se prejubilarán posteriormente y otros 27 los recolocará la SEPI.