El sueño policial de Areces se desvanece
El Gobierno regional deja de pagar a los agentes adscritos al Principado, que alertan del interés por disolver la unidad
El Gobierno regional ha dejado de pagar el suplemento mensual de cien euros a los integrantes de la unidad de la Policía Nacional adscrita al Principado. Así lo denuncian los propios agentes, que sospechan que tras estos impagos se encuentra el interés del Ejecutivo de Javier Fernández por disolver el grupo, creado en noviembre de 2006 por el entonces presidente, Vicente Álvarez Areces, como paso previo a la constitución de una Policía autonómica.
Los agentes de la unidad del Principado de Asturias cobran una nómina del Ministerio del Interior que el Principado complementa con cien euros al mes, abonados con periodicidad trimestral. Sin embargo, los policías aseguran que el Gobierno regional dejó de pagar su parte el pasado enero, coincidiendo con un momento en el que la plantilla de la unidad se ha visto reducida a sólo 35 integrantes. Cuando Vicente Álvarez Areces la puso en marcha contaba con 55 efectivos y, posteriormente, llegó a rondar los 80.
Los agentes de la unidad regional de la Policía Nacional se distinguen porque llevan el escudo oficial de la comunidad autónoma en la gorra y en el lateral de la manga derecha de la chaqueta del tradicional uniforme de color azul oscuro. Los vehículos que utilizan son de color azul y amarillo, como la bandera de Asturias, y blancos en la parte frontal. Los coches también llevan el escudo regional y el anagrama «Principado de Asturias». Aunque la idea inicial era que el grupo fuera aumentando las competencias con el paso de los años, sus labores se han circunscrito al control del juego y a la seguridad del presidente autonómico y de los edificios oficiales.
La unidad fue presentada con el entusiasmo de los tiempos de bonanza como un símbolo del autogobierno que debería de ampliarse y el embrión de una Policía autonómica cuyo desarrollo prevé el Estatuto en su artículo 20.2. Hoy atraviesa tiempos difíciles y de impagos, según denuncian los agentes, que temen que el grupo pueda tener, incluso, los días contados.
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