La legislación vigente sobre consumo de alcohol se remonta a 1990. Sólo cuatro años después de la aprobación de esa ley, que permitía la venta y el consumo a partir de los 16 años, el entonces delegado del Gobierno en Asturias, Manuel Ponga, destacaba la importancia de perseguir la comercialización de bebidas alcohólicas entre los menores.
Tendría que pasar una década más para que desde la Fiscalía de Menores se pidiera el endurecimiento de una ley que, a esas alturas, ya se consideraba demasiado permisiva. En 2003 la Fiscalía asturiana ya inició acciones preventivas de control sobre la ingesta de alcohol por parte de los adolescentes. Pero la inquietud de los profesionales, avivada con cada episodio de "botellón" que excedía los límites de lo tolerable para los vecinos de las zonas afectadas, no encontraba correspondencia en el debate político de Asturias. Ningún gobierno se tomó en serio la reforma de esta ley, pese a las peticiones de fiscales, colectivos vecinales y asociaciones de padres. Vicente Álvarez Areces exigió en 2009 un consenso parlamentario porque no veía "alarma" para retrasar a los 18 años el inicio del consumo legal de alcohol. Javier Fernández cambió de discurso y asumió la reforma en su programa.
El 24 de febrero, el martes pasado, hizo un año de la entrada en la Junta General del Principado del proyecto de ley de atención integral en materia de drogas y bebidas alcohólicas. Los doce meses transcurridos hasta el acuerdo que se materializará en el pleno de este viernes se explican, al decir del diputado popular Luis Venta, con la sensación de que al Gobierno "se le fue la mano". Según su teoría, la de uno de los grupos que más se significó en la demanda de un endurecimiento de la legislación sobre el consumo de alcohol, el Ejecutivo "pretendía lo que queríamos todos, elevar la edad mínima a los dieciocho años", pero pasó de la permisividad absoluta, de ser la única región que mantenía los 16 años como límite, a pretender tener "la ley más restrictiva de todas las autonomías". Se refiere el parlamentario a la pretensión inicial del texto de no separar la sidra del resto de bebidas alcohólicas, lo que en la práctica suponía, que "no se podía hacer ningún tipo de promoción" de la bebida regional.
La redacción definitiva, que se votará este viernes, incluye una excepción relativa a la sidra y "a la publicidad de bebidas alcohólicas sometidas a denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas", lo que atañe también al vino de Cangas.
