Oviedo, Marián MARTÍNEZ
Asturias tiene unas 130.000 personas con discapacidad reconocida, según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, normalmente llamado por sus siglas, CERMI, a la que pertenecen las asociaciones que, desde hace décadas, ofrecen atención y servicios de ayuda especializada a 20.000 personas de todas las edades y a sus familias. La crisis económica ha complicado la situación de muchas de ellas, que han visto rebajados sus ingresos mientras que los gastos que tienen que afrontar como consecuencia de sus minusvalías se han incrementado. Según los cálculos de CERMI, una familia con un discapacitado tiene aproximadamente un 40 por ciento más que las demás.
La tasa de actividad entre las personas con discapacidad en la región es un 40 por ciento inferior a la de los habitantes que no tienen minusvalía. Y la de paro supera en más de diez puntos a la de la población activa, según un estudio elaborado en 2014 por la Fundación FAEDIS titulado "Empleo y Discapacidad".
Según los datos facilitados por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, el Principado destina en su presupuesto 1,4 millones de euros a prestaciones a la discapacidad. De esta cuantía, una parte se destina a prestación de servicios y 395.000 euros a subvenciones a entidades del tercer sector que colaboran con el Gobierno autonómico en la atención a discapacitados.
Estos 395.000 euros, que se reparten por convocatoria nominativa, se vieron complementados en 2013 por una ayuda de la Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros de Asturias de 120.000 euros, lo que permitió mantener con normalidad el desarrollo de las actividades de seis colectivos que atienden a miles de personas. En 2014, por imperativo legal, la Obra Social de Cajastur desapareció para dar paso a la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias, una entidad privada que se ve obligada a cumplir unos parámetros de capitalización. Y la ayuda a la discapacidad desapareció.
Pero las seis entidades integradas en CERMI que contaban con ese dinero ya lo habían adelantado. Ahora, se ven abocadas a la quiebra o, en el mejor de los casos, a reducir sus ya tradicionales programas de ayuda a los discapacitados. Las afectadas son las siguientes.
Fesopras. Es la Federación de Personas Sordas del Principado de Asturias. Según su presidenta, Cristina Sariego, es posible que el próximo día 1 se vea obligada a cerrar sus servicios de atención integral a la comunidad sorda y que incluye intérpretes, atención a familia, empleo y logopedia, entre otros.
Apada. La Asociación de padres y amigos de deficientes auditivos de Asturias, y es el otro colectivo en riesgo de extinción o, en el mejor de los casos, eliminar sus programas y quedarse sólo con un profesional destinado a un servicio meramente informativo, según explicó su vicepresidente, Alfonso Medina. Esta organización realiza talleres y programas orientados a la integración y estimulación de los niños, tiene un servicio de atención y apoyo a las familias y otro de intervención de logopedia y rehabilitación del lenguaje oral.
Cocemfe Asturias. Pertenece a la Confederación española de personas con discapacidad física y orgánica de Asturias. Su trabajo se centra en la rehabilitación continuada, la ayuda a domicilio a personas dependientes y programas de empleo.
Afesa. La Asociación de Familiares y Enfermos Mentales de Asturias tiene en marcha talleres terapéuticos, psicoeducativos y formativos, además de grupos de autoayuda y proyectos de lucha contra el estigma. Además, ofrece servicios jurídicos, de gestión e información.
Down. Es la Asociación Síndrome de Down de Asturias. Tiene un programa de empleo con apoyo, además de otro de apoyo individualizado, y desarrolla distintas actividades con sus asociados.
Predif. Representa a más de 2.500 personas con discapacidad física en Asturias. A esta federación, con más de tres décadas de labor en la región, pertenecen seis asociaciones y sus programas se destinan a ayudar y atender a personas con gran discapacidad.
