El magistrado Rafael Martín del Peso (San Esteban de Pravia, 1958), presidente de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, accede mañana, martes, a la Academia Asturiana de Jurisprudencia como miembro de número, en un acto que tendrá lugar en el Colegio de Abogados de Oviedo. Este nombramiento reconoce la figura de un magistrado que ha aspirado a entrar en la Sala Civil del Tribunal Supremo o a presidir la propia Audiencia Provincial. Como presidente de una sección civil, está muy familiarizado con las consecuencias de la crisis económica. En su opinión, los jueces han respondido al reto de la crisis con una jurisprudencia "bastante sensible". Si ha habido cambios, como en las cláusulas suelo, fue porque los jueces españoles plantearon cuestiones prejudiciales ante Europa. Es contrario a la "perniciosa" subida de tasas, ya que "impedía que la gente con menos medios defendiese sus derechos, asegura que su supresión se está traduciendo en un incremento de la litigiosidad.
-¿Cómo recibe este nombramiento como miembro numerario de la Academia Asturiana de Jurisprudencia?
-Como jurista y como asturiano, con mucho orgullo. Que los miembros de la Academia, como Félix Salgado, al que desde aquí doy todo mi apoyo, y el resto de compañeros, se acuerden de ti para algo así es una gran satisfacción.
-Mañana, martes, va a disertar sobre una sentencia de 2007 del Tribunal Supremo por los daños causados a los vecinos por el paso de trenes de Aceralia.
-Es un tema muy de actualidad. El fallo abre la puerta no sólo a indemnizar los daños al entorno -visuales, paisajísticos, acústicos- de una actividad industrial, sino también los daños morales causados al que la sufre, y establece quién los tiene que reclamar. Hay una nueva sensibilidad en todo lo referente al ruido, cada vez hay una legislación más amplia, y se obliga a los propietarios a adoptar medidas para minimizar su efecto sobre las personas que viven alrededor.
-¿Por dónde va la litigiosidad en el campo de los daños al entorno y el ruido?
-Está aumentado mucho en los últimos tiempos, sobre todo en lo referente a antenas de telefonía móvil, ascensores... Las indemnizaciones alcanzan cantidades importantes.
-Imagino que el encarecimiento de las tasas judiciales ha influido en un descenso de la litigiosidad en la jurisdicción civil.
-Evidentemente, tuvo un efecto de limitación de los asuntos que entraban en los Juzgados y llegaban posteriormente a la Audiencia. Sin embargo, desde que se anuló esa subida, la litigiosidad está aumentando, especialmente en determinadas materias, como la responsabilidad civil y los derechos del consumidor. Aún es pronto para cuantificar ese aumento, porque no ha pasado todavía un año desde que se suprimieron esas tasas, pero sí es apreciable.
-Suponían un coste excesivo para el ciudadano.
-Las tasas judiciales pueden ser necesarias, pero deben ser proporcionales. No pueden ser un medio para que la gente deje de litigar. Unas tasas altas sólo favorecen a las grandes corporaciones, impiden que la gente con menos medios pueda defender sus derechos, y eso es pernicioso. Fue una medida que perjudicó sobre todo a las clases medias y a aquellas personas con medios escasos. Tasas judiciales puede haberlas, pero no en los niveles en que llegaron a fijarse.
-Usted fue pionero en poner límites a la actividad comercial de los bancos, con una sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia que anulaba las permutas financieras, o swap, por falta de información correcta, lo que perjudicó a los clientes, que no tenían una gran formación financiera.
-Hubo unas sentencias de la Sección Quinta y otra de la nuestra, que fue la primera firme en Asturias. Sirvieron de guía sobre cómo debía actuarse en los tribunales respecto a ese tipo de contratos. El de las permutas financieras era un campo que no estaba regulado en nuestra legislación. Eran unos productos dirigidos a un público distinto del consumidor habitual, estaban concebidas sobre todo para empresarios, pero, por alguna razón, no sé si para ampliar la cartera de clientes y el margen de beneficios, se comenzó a cubrir otro tipo de perfil, personas sin conocimientos financieros, a quienes no se advirtió de los riesgos de adquirir estos productos, y cuando bajaron los tipos de interés eso produjo unos sobrecostes inasumibles para el consumidor.
-¿Han sido los jueces de este país la última trinchera para frenar los abusos derivados de la crisis?
-Creo que la jurisprudencia ha dado una respuesta bastante sensible al fenómeno de la crisis. Al Juzgado, estos asuntos nos llegan cuando llegan, pero creo que ha habido una gran sensibilidad. La doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europa sobre las cláusulas suelo, que luego se ha adaptado a la legislación española, vino determinada por cuestiones prejudiciales planteadas por magistrados españoles. Era un problema derivado de la crisis económica en nuestro país al que había que dar respuesta.
-¿Están tranquilos ahora los jueces tras los duros enfrentamientos con el Gobierno de la pasada legislatura?
-La vida en una sala, como es mi caso, tiene menos problemas que la de los Juzgados de primera instancia e instrucción. Los jueces de esos órganos están más sensibilizados con la falta de medios humanos y materiales. Los jueces tenemos que trabajar con medios informáticos muy antiguos y se necesitan mejores aplicaciones. Esos medios no están preparados para un sistema de justicia que haga desaparecer el papel. Es un problema práctico y organizativo importante que a buen seguro va a ser un motivo de fricción entre los jueces y la Administración en un futuro no muy lejano.
-¿Ve posible que se ponga en marcha la nueva oficina judicial, después de tantos años de proyecto?
-Es una posibilidad que está sobre la mesa, pero requiere de una inversión sin la cual es técnicamente imposible que se pueda llevar a cabo. Cuando todas las bases estén puestas, sí será posible llevar a cabo esa reforma, pero no sin inversión.
-¿Qué ha sido de los tribunales de instancia y la nueva organización territorial de la justicia?
-Estaba incluida en la ley orgánica que finalmente no se ha aprobado. Supone un cambio importante que requiere de una reflexión y que debe contar con el consenso de todo el mundo. Es una reforma que debe realizarse, pero sin suprimir todos los partidos judiciales. Podrían acumularse algunos, pero no pueden suprimirse todos. Es necesaria una planta judicial más moderna, esa revisión está bien. Pero no puede ser una ruptura tan radical como se estaba planteando.
-¿Fue candidato a entrar en el Tribunal Supremo? ¿Sigue aspirando a ello?
-No depende de mí, y no volverán a elegirse nuevos miembros hasta dentro de unos años. Es una aspiración perfectamente legítima, sería un motivo de orgullo y probablemente me encantaría concurrir a esa elección. Pero no es el momento.
-¿Está politizada la elección de miembros del Supremo?
-Las personas que estábamos en la terna fuimos propuestas por el Consejo General del Poder Judicial. Eligieron finalmente al magistrado Eduardo Baena Ruiz, que tiene un currículum espectacular. Por mi parte, no tengo nada que objetar. La elección fue justa.
