La jueza De Lara admite que declaren como testigos Serafín Abilio Martínez y su hijo
La magistrada del "caso Pokémon" busca la relación entre una comida y las moratorias de Oviedo en las obras del Spa Naranco
La juez Pilar de Lara, que instruye en el juzgado de Lugo el "caso Pokémon", ha autorizado que declaren en calidad de testigos el presidente de la Confederación Asturiana de Construcción, Serafín Abilio Martínez, y su hijo. La declaración, fijada para el próximo 23 de febrero, se produce a petición del Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d'Asturies (Ocan), próximo a Podemos, y personado en la causa que investiga presuntas prebendas a políticos por parte de la empresa de aguas Aquagest a cambio de favores en concesiones. La petición de Ocan nace de los "apuntes contables" del presunto conseguidor de la trama del agua, empleado de Aquagest y exalto cargo del PP asturiano, Joaquín Fernández: en concreto, de uno referido como "Comida SPA Naranco", acerca de una cita que supuestamente se produjo el 8 de febrero de 2010 y a la que presuntamente acudió el exportavoz del PP e investigado en la causa Agustín Iglesias Caunedo.
Ocan sospecha que esa comida pudo tener relación con la supuesta laxitud del Ayuntamiento de Oviedo en la exigencia de plazos (incluso se acordaron moratorias y prórrogas) para la construcción del centro lúdico-acuático en Ciudad Naranco, que jamás terminó de construirse y cuyo contrato acabó por rescindir el Ayuntamiento. Las instalaciones, coloquialmente denominadas "Spa Naranco" fueron adjudicadas a una unión temporal de empresas (Naranco Wellness) de la que era socio Serafín Abilio Martínez y en la que ejercía como apoderado su hijo.
El Observatoriu suma a su argumentario el contenido de una llamada telefónica intervenida en la instrucción del "caso Pokémon" en la que Fernández señala: "Que no se te olvide tema parking la barca (sic)... a ver si mañana me avanzas algo para empezar unos numerillos para Serafín".
La petición de Ocan incluía, además de la declaración de Serafín Abilio Martínez y su hijo, que volviesen a declarar Joaquín Fernández y Agustín Iglesias Caunedo, "a fin de determinar si pudieron haberse cometido ilícitos penales en el marco de dicha comida recogida en la supuesta contabilidad 'b' intervenida". Pilar de Lara, en una providencia del pasado 9 de enero, únicamente admite la declaración de los dos primeros.
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