"No entiendo bien la pregunta", ha sido la primera respuesta de José Ángel Fernández Villa, cuando la magistrada María Luisa Barrio le ha preguntado si conocía de lo que se le acusaba. Posteriormente ha dicho que no se declaraba culpable. Con voz lenta, temblorosa, un lenguaje con cierto barniz de cultura, Villa inició su declaración poco después de las once y media de la mañana, y se ha prolongado hasta las doce y cuarto del mediodía, cuando a preguntas de la magistrada, ha dicho que estaba "un poco cansado". Villa solo ha contestado a las preguntas de su letrada, yéndose por las ramas en algunos momentos, repitiendo un tanto cansinamente alguna de las frases, como "la complejidad de la administración de la organización" o los "gastos individualizados". No obstante, en algunos puntos los dejó claros. "Nunca, nunca, nunca tuve una tarjeta específica mía, que yo usase", sino que era utilizada por otros miembros de la organización. Un sistema que se usó durante sesenta años, como repitió varias veces, sin que nadie impugnase las cuentas, aprobadas "por unanimidad". Villa no ha reconocido alguna de sus firmas.
La autorización de los gastos correspondía, dijo, al jefe de administración, Juan Cigales, que también le llevaba los gastos personales, "en virtud de la confianza que tenía depositada en él". Para procurar evitar el "desastre" de la justificación de gastos, propuso que se hiciese una auditoría, "pero no quisieron". Al parecer había problemas para justificar los gastos de la fiesta de Rodiezmo y con unos cursos de formación. Villa aseguró que había dimitido por su propia voluntad y que no le echaron.
En cuanto a los gastos en puros, indicó que eran una deferencia para las personas con las que se reunía fuera del sindicato. Los de flores, para las familias de los fallecidos en accidente laboral. Los perfumes, para los que habían estado encerrados "cuarenta, cincuenta o sesenta días" durante las movilizaciones. El coche Mitsubishi se compró por decisión del comité ejecutivo, "por mi comodidad". "Tengo como todo el mundo sabe unas lesiones muy profundas y había que facilitarme poder utilizar el coche que reuniese las condiciones", indicó. Si se puso a su nombre fue para aprovechar un descuento porque era minusválido. Como se ve, Villa no se ha movido en esta primera parte de su declaración de la que realizó el año pasado ante la magistrada Simonet Quelle Coto, que instruyó la querella del SOMA.
Villa se ha quejado de que el sindicato no le ha devuelto sus agendas y recuerdos personales. La declaración se ha reanudado a la una menos veinte.
Apto para declarar
El tribunal ha decidido continuar con el juicio contra José Ángel Fernández Villa al considerar que aunque tiene sus capacidades alteradas, no las tiene anuladas y puede entender y comprender lo que se le pregunta, requisito suficiente, según el Tribunal Supremo, para poder juzgar a las personas que sufren, como en el caso, una demencia. Por tanto, Villa declarará y además lo hará en primer lugar, contra lo solicitado por su defensa. En cuanto a otras cuestiones, el tribunal estima que la cuestión de la prescripción de determinados delitos se abordará en el momento de la sentencia.
Tanto el fiscal como la acusación particular solicitaron que se siguiese el juicio, al estimar que Villa exagera su estado y tiene capacidad para mentir, y por tanto defenderse. La defensa ha insistido esta mañana en que Villa no puede recordar lo que acaban de preguntarle y eso merma su capacidad de defensa. Y añadió que sería un escarnio someterle a un interrogatorio, como indicó en su día el doctor Pascual del HUCA, que le trató hace años. "No tiene juicio crítico", afirmó Ana Boto. La letrada había pedido la suspensión del juicio hasta que Villa recuperase la salud, y que el fiscal instase la incapacidad del exsecretario del SOMA. También el letrado de Pedro Castillejo, Alfredo García, solicitó la suspensión.
