La investigación de la dudosa procedencia de la fortuna aflorada durante la amnistía fiscal por el exlíder sindicalista del SOMA, José Ángel Fernández Villa, y quien fuera su mano derecha, José Antonio Postigo, ya salpica oficialmente a cargos políticos: uno en activo, el Alcalde de Aller, David Moreno, y su antecesor en el cargo, Gabriel Pérez Villalta; ambos del PSOE. La magistrada que instruye el "caso Hulla" ha citado a ambos en calidad de investigados dentro de una nueva ronda de declaraciones, que se alargará del 10 al 13 de diciembre.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba buscando pruebas que implicasen a ambos en un posible delito de prevaricación, relativo a la concesión de la licencia de obra para la construcción del geriátrico del Montepío de la Minería en Felechosa (Aller). Según testigos y documentos aportados a la causa, Pérez Villalta habría dado de paso, como alcalde, al citado permiso municipal pese al dictamen desfavorable de los técnicos y antes de que se modificase el plan general para que se pudiese construir en la finca. Incluso antes de que el Instituto para la Reestructuración de la Minería (IRMC) aprobase las cuantiosas subvenciones al proyecto.

La juez, vistas las peticiones de las acusaciones y las investigaciones de la Guardia Civil, ha decidido citar como investigados tanto a Pérez Villalta como a su sucesor en el cargo, que durante su mandato era concejal de Urbanismo en el municipio allerano.

Moreno aseguraba ayer que, de momento, no había recibido ninguna notificación. "Si la recibo, claro que acudiré, como fui a las dependencias de la UCO cuando me llamaron hace dos meses, no hay nada que ocultar", señaló. La jueza instructora del caso, María Begoña Fernández, ha citado a ambos políticos en la nueva ronda de declaraciones. El día 11 será el turno de ambos. No serán los únicos nuevos investigados. En la misma calidad declararán Rocío San José y Juan Carlos Riera, ligados a la empresa a la que el Montepío de la Minería adjudicó la construcción del geriátrico de lujo. Todos ellos se unen a más de una decena de investigados: además de Fernández Villa y Postigo y familiares de ambos; el constructor de la residencia de Felechosa, el arquitecto y los asesores jurídico y económico.

Por esta nueva ronda de declaraciones también pasarán peritos, para tratar de dilucidar el coste real de la construcción del geriátrico, y quince testigos. Entre estos últimos, Pedro Luis Marín Uribe, ex secretario de Estado de Energía; Juan Miguel Benítez Torres, exgerente del IRMC; o Jesús Armando Fernández Natal, ex secretario de organización del SOMA.