Raimundo Santamarta, el empresario astur-venezolano que fue expropiado por el régimen de Nicolás Maduro, está dispuesto a llegar "a todas las instancias necesarias" para defender sus derechos después de que los chavistas tomasen en septiembre su planta farmacéutica de la ciudad de Maracaibo. Santamarta entiende que la "injusta" expropiación de SM Pharma no sólo atenta contra sus derechos como empresario, sino también contra el acceso a medicamentos del pueblo venezolano, máxime teniendo en cuenta el problema de abastecimiento que sufre y la gran penetración en el entramado hospitalario venezolano que tenía su firma.
Santamarta, que ha encontrado en su lucha el apoyo de la diplomacia española en Venezuela y en Estados Unidos (reside en Miami, donde tiene otro laboratorio farmacéutico), es tajante. "Ejerceremos por reserva de derechos ante todas las instancias necesarias las reclamaciones por los daños ocasionados al pueblo de Venezuela, así como al patrimonio familiar, conducentes a que hagan resarcir los derechos e intereses", asegura. El patrimonio familiar al que se refiere fue iniciado por su padre, el ovetense Esteban Santamarta, quien emigró desde Asturias a Venezuela en los años cuarenta.
Santamarta recuerda que la toma de la fábrica de medicamentos fue impulsada por Omar Prieto, gobernador chavista del estado de Zulia, al que pertenece Maracaibo, y apoyada después por el propio Nicolás Maduro, quien llegó a visitar las instalaciones afirmando que han sido "recuperadas por la revolución" y acusando sin argumentos al empresario astur-venezolano de irregularidades económicas para justificar la expropiación pública del laboratorio farmacéutico.
"Cuando Nicolás Maduro va a esa planta para ponerse la misma bata que se puso mi abuelo, mi padre y me pongo yo, y dice que está rescatando una empresa, da verdadero dolor", manifestó Reinaldo Santamarta, hijo de Raimundo y vicepresidente de la sociedad. A lo que puntualizó su padre, y líder de un conglomerado farmacéutico con presencia en Venezuela, Miami y España: "Es, ante todo, el dolor de ver la cantidad de muertes que hay a diario y que nos reportan los médicos que han trabajado con nosotros durante muchos años allá". La filial norteamericana del empresario ha donado más de un millón de dosis de analgésicos y otros medicamentos como parte de la ayuda humanitaria cuya entrada en el país está siendo bloqueada por el régimen bolivariano de Maduro, enfrentado a Juan Guaidó, ampliamente reconocido internacionalmente como presidente legítimo del país.
Santamarta incide en que sus acciones legales incluirán la acusación contra el régimen chavista por delitos contra los derechos del pueblo venezolano. "El gobierno nacional, al impedir la entrada de la ayuda humanitaria y cortar la posibilidad de fabricar medicinas, hecho que se materializa con la toma ilegal de SM Pharma, cuya labor era la de aliviar sufrimiento a la población y evitar muertes por falta de medicamentos, incurre en delitos contemplados como de lesa humanidad bajo modalidad de exterminio", sostiene Santamarta citando el Estatuto de Roma, "ley aplicable en Venezuela".
Santamarta recuerda que la toma de la planta ha supuesto su paralización "al no haber establecido los protocolos sanitarios" adecuados para su mantenimiento. "La está manejando un militar, dejándola en manos de personas dedicadas al negocio de la recoger chatarra en todo el estado para exportarla y otras relacionadas con mataderos de ganado", aseguró el empresario astur-venezolano. Uno de los biólogos de su empresa alertó del riesgo de que, ante la ausencia de sanitización en la planta, "al paciente le pueda haber llegado producto farmacéutico contaminado". Un drama a sumar en una Venezuela convulsa de la que testigo y víctima el empresario astur-venezolano.
