La Justicia del covid-19: cita previa y limitación de personas en los Juzgados

El Plan surge a raíz de la aprobación por parte del CGPJ del Protocolo de Actuación para la Reactivación de la Actividad Judicial y de la Salud Profesional así como de una Guía de Buenas Prácticas Sanitarias en las sedes judiciales. Asimismo, el CGPJ encomendó a las Sala de Gobierno de los tribunales superiores la elaboración de los planes concretos para cada territorio.

El Plan para Asturias refleja que las decisiones relativas a la implementación de medidas de carácter material en las sedes y resto de infraestructuras judiciales e incorporación de personal le corresponden al Gobierno del Principado. Aun así, y como las decisiones sobre las medidas de seguridad colectivas dependen, en gran medida, del conocimiento de la situación real de las sedes judiciales, este Plan incluye solicitar a los decanatos, presidencias de sección y salas, un informe sobre la situación real de sus dependencias, que servirían de complemento a los del Principado, pues las próximas agendas de señalamientos, dependerán de la disponibilidad de las salas de vistas adecuadas a las medidas de protección exigidas en la Guía de Buenas prácticas del CGPJ.

Además, el Plan establece recomendaciones de prevalencia en los señalamientos, solicita a los decanatos a que envíen con prontitud sus planes de vacaciones de jueces y magistrados para organizar cuanto antes la actividad durante los días de agosto que el CGPJ ha establecido que serán hábiles, y urge al Principado a que controle de manera específica el acceso a las sedes judiciales, proponiendo un sistema de cita previa, para adecuar el número de personas proporcional al espacio disponible, y ya en el interior de los edificios, poder limitar la presencia en los espacios comunes que garantice el necesario distanciamiento social.

Con respecto a la posibilidad de realizar actuaciones procesales de manera totalmente telemática, como vistas judiciales, el presidente del TSJA asegura en el Plan que, con un expediente digital todavía en fase de despliegue, y pese a la disponibilidad plena de jueces y magistrados, en este momento, y con los medios con los que se cuentan, no son viables en nuestro territorio por falta de la fiabilidad y certeza necesarias para una correcta conectividad que garantice la tutela judicial efectiva.