Barbón defiende la "Ley Celaá": "Impide la discriminación de los alumnos por razones económicas"

Como quiera que los dos portavoces interpelantes mencionaron una vez más su pasado como alumno de esta modalidad educativa, en el hoy cerrado colegio San José de Sotrondio, Barbón replicó que allí “jamás se nos cobró una cuota como se exige en otros centros” y precisó, leyendo el texto, que lo que establece la nueva norma es que “en ningún caso  los centros públicos o concertados podrán percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito o imponer la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones o establecer servicios obligatorios asociados a las enseñanzas que requieran aportación económica”. Es la manera que ha encontrado la ley, defiende Barbón, de impedir “la discriminación de los alumnos por razones económicas”.

Desmintió además el Presidente que la ley pretenda acabar con la educación especial. Hacía frente a la abierta y contundente censura de los grupos del centro derecha, o a la invitación de Mallada de que “diga en público lo que usted dice que piensa en privado” sobre una “ley radical que cede al chantaje de los nacionalistas e independentistas y liquida la educación concertada”. La portavoz popular había vuelto a acusar al Presidente de “sumisión a un PSOE irreconocible que ha perdido el norte”. Sí reconoció Barbón su deseo de que “la reforma de la legislación educativa debería ser fruto del consenso” que no tiene esta ley, pero acusó a renglón seguido al PP, volviendo al repaso de los apoyos que han tenido las sucesivas modificaciones del sistema, de “bloquearlo cuando está en la oposición y no buscarlo cuando llega al Gobierno”.

En la fase de la sesión que abordó la respuesta a la crisis sanitaria, Barbón volvió a parapetar sus decisiones tras los dictámenes de los expertos científicos que asesoran a su gobierno y, a pregunta del portavoz de Foro, Adrián Pumares, y a su censura sobre la falta de asiento y resultados de los cierres perimetrales y de actividad, replicó enseñando gráficos de la curva epidémica que “los científicos tenían razón” cuando dijeron que las medidas mostrarían sus efectos “entre 14 y 21 días después de adoptadas”. Eludió el presidente, por lo demás, la petición de Pumares de fechas de reapertura de concejos y de protocolos para la vuelta a la actividad de la hostelería, o de aclaraciones sobre los indicadores en los que se basarán sus decisiones.

Respecto a las ayudas concedidas por el Principado a los sectores más castigados por sus decisiones, que esta mañana ha traído a la Junta la portavoz de IU, Ángela Vallina, junto a su convicción de que el plan de rescate “debería haber llegado antes”, Barbón recorrió el mapa de las ayudas autonómicas para dejar claro por comparación que la respuesta de su Gobierno ha sido “contundente y responsable”. Resaltó que de su línea de 33,5 millones para el rescate de los sectores afectados se han presentado y tramitado hasta el momento más de 14.000 solicitudes por valor de más de 28 millones de euros. Señaló además la vía que los grupos de la oposición han de seguir si quieren “apoyar a los hosteleros y al sector comercial” y es “el presupuesto para 2021”. De ello depende, precisó en su “llamada a la reflexión de la cámara”, “el fondo de rescate que estamos negociando con diferentes grupos parlamentarios. Todo lo demás, bonita literatura y excursiones”, resaltó.

Al interés del portavoz accidental de Podemos, Rafael Palacios, sobre las ineficiencias del sistema asturiano de residencias de mayores, Barbón admitió una vez más la necesidad de evolucionar “hacia otros modelos”, en plural, y su voluntad de ensayarlos en 2021 en dos centros, uno público y otro privado. La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, incluyó en su alegato en favor de remedios para el desafío demográfico asturiano una propuesta para la negociación presupuestaria en marcha: medidas fiscales para incentivar el traslado al medio rural asturiano mediante rebajas del tramo autonómico del IRPF de un mínimo del quince por ciento.