Los investigadores predoctorales, que llevan desde marzo de 2019 esperando a que la Universidad de Oviedo actualice sus salarios, salieron hoy “muy satisfechos” de la reunión que mantuvieron con el candidato a rector Ignacio Villaverde. El aspirante, asegura un grupo de los más de 200 afectados que hay en Asturias por el retraso en la aplicación del Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación, trasladó su “férreo compromiso a resolver el problema”.
“No sólo esto sino que, además, hemos aprovechado su conocimiento como jurista para trasladarle nuestras dudas sobre la interpretación del informe jurídico de la universidad”, explican. “Dudas –añaden– que ha compartido llegando a decir que en su opinión el expediente que ha realizado la actual dirección de la Universidad está mal enfocado, siendo éste el problema por el que no se dá de paso en intervención, no la intervención en sí misma”. Los jóvenes científicos también han empezado a reunirse con los grupos políticos representados en el Parlamento asturiano, en busca de su apoyo. Además, siguen adelante, junto al sindicato CC OO, con un conflicto colectivo contra la Universidad.
“Estamos muy contentos de que sepan ver la importancia de la investigación en Asturias, que tiene que ser un motor de desarrollo para toda la región y no puede permanecer en la precariedad. Así seguiremos con encuentros con las distintas fuerzas políticas del Principado a lo largo de la próxima semana y queremos invitar al Consejero de Ciencia y al Gobierno del Principado a sumarse a ellos”, manifiestan.
"La investigación tiene que ser un motor para la región; invitamos al consejero de Ciencia a que se reúna con nosotros", dicen los científicos
Aunque el Rector ha dicho a los afectados que hará todo lo posible por abonar los pagos pendientes en la nómina de diciembre, los investigadores dudan de que eso vaya a ocurrir. El origen de la polémica está en el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación, publicado en marzo de 2019, y que por primera vez estableció una tabla salarial de mínimos. Desde entonces, unos 200 jóvenes científicos esperan a que sus sueldos sean actualizados –en consecuencia, incrementados– y a algunos de ellos la Universidad les debe hasta 7.000 euros. El motivo por el que los pagos están paralizados es porque Intervención los ha bloqueado en base a sentencias del Tribunal Superior que no reconocen el derecho a los investigadores en formación que tienen un contrato con fecha anterior a la publicación del estatuto.
Los afectados en Asturias critican que el Rectorado se siga aferrando a un informe jurídico con el que no están de acuerdo y que se opone a lo establecido por la Conferencia de Rectores (CRUE) y el Ministerio de Universidades. “El informe incluye cuatro sentencias, pero olvidan una del Tribunal Supremo referida a la Universidad de Vigo, que no se pronuncia ni de un lado ni de otro en lo que considera que son, y recoge textualmente, ‘simples dudas de interpretación de la norma, que no debe esclarecer un órgano jurisdiccional’. Por tanto, la Universidad podría plantearse que se ha equivocado”, comentan.
