“Todas las decisiones de aplazamiento del proceso electoral están siendo tuteladas o han sido directamente ordenadas por la Junta Electoral Central, de forma independiente y soberana, sin posibilidad de manipulación alguna”. Así de contundente se mostró ayer el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, en respuesta a las “acusaciones infundadas lanzadas estos días” contra el aplazamiento de las votaciones hasta el 12 de febrero de 2021. Sin nombrarlos, en un extenso comunicado de cuatro folios, el máximo representante de la institución y candidato a las elecciones, se refiere al otro aspirante, Ignacio Villaverde, quien mandó esta semana un escrito crítico a la Junta, así como a varios exrectores que vertieron, a través de este diario, opiniones en contra del atraso de casi diez meses en los comicios por motivo de la pandemia.
“La Universidad no puede estar en stand by, no puede prolongar más esta situación de provisionalidad”, manifestaron el viernes Vicente Gotor, Juan Vázquez y Juan López-Arranz. Los dos primeros, además, pusieron como ejemplo que cinco universidades del país han empezado o concluido ya sus procesos electorales pese a la pandemia. En consecuencia, el Rectorado, recoge el escrito remitido ayer, ha “accedido por primera y única vez a referir cuestiones electorales que solo deberían ocuparnos en el periodo que la ley acota para ello”. Santiago García Granda carga se defiende afirmando que “pretenden empañar un proceso electoral que los hechos solo pueden dibujar como modélico para favorecer a una candidatura –la de Ignacio Villaverde– que nada ha hecho por ayudar a la institución a superar esta grave situación sanitaria, sino más bien todo lo contrario”.
García Granda dedica gran parte del comunicado, enviado a los medios de comunicación por los canales oficiales de la Universidad, a relatar todo lo sucedido desde el 6 de marzo, día en el que convocó elecciones mediante una resolución. “A partir de ese mismo momento”, insiste, “fueron causas y decisiones ajenas al Rectorado las que motivaron los sucesivos aplazamientos”. La primera suspensión se produjo coincidiendo con “el confinamiento general de la población (...) y, al concluir el estado de alarma, no era posible realizar las elecciones, por no encontrarnos en período lectivo”. El 10 de septiembre, continúa argumentando, “en el acto académico de inauguración del curso, se anunció la celebración de las elecciones ‘a finales de noviembre’, aludiendo como razón de esa fecha ‘al factor limitante’ que suponía el hecho de que el censo no se podría completar y publicar ‘hasta octubre’, finalizado el proceso de matriculaciones. Nadie puso objeción alguna a aquel anuncio, ni a aquella fecha, teñida del sentido común más evidente”. “Una vez actualizado el censo, se fijó un nuevo calendario por resolución del rector de 20 de octubre, contemplando que las elecciones se realizarían el 1 de diciembre”.
Sin embargo, llegó la segunda ola y el Principado impuso “restricciones a la movilidad y la actividad” –entre ellas que la Universidad pasase a modo online–, por lo que la Junta Electoral Central retrasó las votaciones al 9 de diciembre. “Con un mandato expreso de Salud Pública y la suspensión de las clases presenciales, la situación de Asturias no es actualmente comparable a ninguna de las comunidades autónomas donde se están celebrando procesos electorales universitarios”, añade en este punto Santiago García Granda.
Continuando con la cronología de hechos, Barbón decide prorrogar al menos hasta el 3 de diciembre las restricciones que afectan a la institución académica asturiana y la Junta vuelve a acordar el día 18 un nuevo aplazamiento. En este caso, hasta el 12 de febrero del año que viene –las votaciones–. “Tres días después, los dos candidatos al Rectorado elogiaban la decisión adoptada de retrasar los comicios: ‘Toca proteger la salud de la comunidad universitaria’, fue el mensaje de ambos”, expresa Granda.
El químico niega en otro punto del artículo que esté en funciones, como con frecuencia le recuerda el otro candidato, Ignacio Villaverde, y le advirtió también este viernes el exrector Vicente Gotor. En respuesta a ello, Granda manifiesta que “tanto la práctica como la regulación existente coinciden en interpretar que el mandato, aunque sea de cuatro años, se extiende hasta la celebración de las elecciones”.
Sobre el uso del voto anticipado, como han hecho otras universidades, señala que la Junta Electoral lo contempló pero que la resolución del Principado de 3 de noviembre, que decretó el paso a la docencia no presencial y la reducción de la actividad a los servicios esenciales, “con la consecuente reducción de la atención al público de los registros”, impidió llevarlo a la práctica. Con respecto al voto electrónico, que ha aplicado por ejemplo la Universidad de Zaragoza, menciona que ello obligaría a la institución asturiana “a realizar una inversión económica importante y a desarrollar un proceso del que apenas existen experiencias ni propias ni ajenas en el contexto universitario español”. El rector pone como ejemplo al País Vasco, en donde “ni siquiera se llegaron a plantear” el sistema telemático, por considerar que “una votación es un proceso complejo y que el voto telemático siempre supone un riesgo”. Aun así, en Asturias, agrega, “desde antes del primer aplazamiento, hemos venido haciendo las gestiones pertinentes para asegurar el voto electrónico”.
