El Ministerio Público considera que Marín Uribe pudo haber cometido delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, según recoge el periódico “El Mundo”. Además, resalta que el entonces secretario de Estado de Industria lo hizo “influenciado por el poder político y sindical que en la fecha de los hechos ostentaba José Ángel Fernández Villa". El documento señala que Marín Uribe mostró tal "sumisión" le llevó a aprobar el desvío de dinero público "sin base legal alguna, incumpliendo los escasos requisitos que la normativa que regula las subvenciones establece".

Además, insiste “El Mundo”, la Fiscalía Anticorrupción considera que abusó “de las prerrogativas de su cargo para remover cualquier obstáculo que ponía en riesgo la concesión" del dinero, fondos públicos procedentes de las compensaciones por el cierre de la minería. También resalta que actuó con la "permisibilidad más absoluta, lo que consumaría el desvío de los fondos mineros que controlaba".

Además, la Fiscalía Anticorrupción pide que se impute a los principales responsables del Ministerio de Industria que firmaron la aprobación del expediente de las ayudas para el geriátrico de Felechosa, ejecutado por el Montepío de la Minería. Y reprocha la actuación del entonces ministro de Industria de Zapatero, Miguel Sebastián. Tanto a Sebastián como a Marín Uribe les reprocha que ”desatendieron las recomendaciones realizadas por la Abogacía del Estado y la Secretaría Técnica del Ministerio de Industria", que alertaron de que era arriesgado "dejar en manos de una Mesa Regional" el importe que recibiría la residencia de ancianos.