La hostelería asturiana aún deberá esperar unos diez días para saber si el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) decide o no suspender cautelarmente el cierre del interior de los establecimientos o la prohibición de uso de terrazas en los concejos que sufren restricciones extra por la pandemia. La resolución se adoptará tras escuchar los argumentos del Principado.
La patronal hostelera, Otea, presentó ayer el recurso administrativo contra estas medidas, buscando seguir la estela de la reclamación planteada por el sector en el País Vasco y que llevó a la suspensión cautelar de las limitaciones en esa comunidad autónoma. El TSJA, de mano, sí rechazó la eliminación inmediata de las medidas (la llamada “medida cautelarísima”, con carácter de urgencia), que pedía Otea. El tribunal argumenta que no cabe anular por urgencia las restricciones cuando la propia patronal ha presentado su recurso entre 15 y 20 días después de que se aprobasen las resoluciones por parte del Principado.
Pero también apunta que anular de un plumazo las restricciones a la hostelería no debe considerarse, teniendo en cuenta únicamente el daño causado al sector, sino también que se interrumpiría “la eficacia” que esas medidas “pueden estar produciendo para toda la comunidad en general”.
Así las cosas, el TSJA da dos días al Gobierno regional para que argumente, con informes técnicos sanitarios, la necesidad de las restricciones que aplica en los concejos con mayor incidencia y que suponen una limitación severa en la actividad hostelera; es decir, el impedimento del servicio en el interior o incluso la clausura de las terrazas en aquellos territorios más afectados por la pandemia.
Una vez que el Gobierno regional presente sus argumentos, el TSJA podrá considerar suspender cautelarmente las restricciones o no, a la vista de los informes, por lo que aún cabe la opción de que la patronal hostelera consiga su objetivo. Esa resolución relativa a la posible suspensión cautelar de las medidas se adoptará en un plazo de unos diez días, una vez que se hayan recibido las alegaciones del Principado. En cualquier caso, el recurso administrativo continuará su tramitación, con los ritmos judiciales habituales. El TSJA aún no ha resuelto, por ejemplo, sobre la petición de nulidad de las restricciones presentada por el Partido Popular (PP) en noviembre del pasado año. En aquella ocasión, los populares no pidieron medidas cautelares, por lo que ese recurso judicial no conllevaba tomar una decisión sobre la continuidad de las restricciones antes del fallo.
También en su día el TSJA rechazó la medida cautelar de suspensión contra los cierres decretados por el Gobierno sobre los locales de ocio nocturno.
Incertidumbre
El presidente de la patronal, José Luis Álvarez Almeida, recalcó ayer que el objetivo último del sector es que se establezcan “indemnizaciones justas” en lugar de ayudas. “No podemos estar sujetos a estas incertidumbres, teniendo que saber de un día para otro si pueden abrir nuestros negocios”, indicó Almeida.
El presidente de Otea recalcó que los hosteleros están “de acuerdo con las medidas sanitarias”, pero cuestionan que las ayudas se concedan con demora. “Deberían aprobarse indemnizaciones inmediatas; por eso esperamos que los tribunales resuelvan si las medidas que actualmente se establecen son no adecuadas”.
Almeida señaló que el sector ha presentado otras dos reclamaciones, aún pendientes de resolución por el Tribunal Superior de Justicia, contra las restricciones sanitarias a la hostelería.
La hostelería avilesina monta un “bus-bar”
La hostelería avilesina ha comprobado que el número de contagiados por covid ha bajado, “pero el ritmo de descenso no es el esperado teniendo en cuenta el cierre de locales”. Por ello, piden control de aforos en el transporte público y en los supermercados y grandes superficies. “Culpan a la hostelería de la tasa de contagios y se toman medidas, pero necesitamos ayudas para poder subsistir; sin embargo hay autobuses y supermercados llenos sin distancia de seguridad, y así no van a bajar los contagios”, señalaron Pablo Vega y Carlos García, de SOS Hostelería y Hostelería con conciencia, respectivamente. Por esas razones decidieron salir a la calle con su “bus-bar”, un “autobús” pilotado por Adrián Barbón, con el consejero de Sanidad, Pablo Fernández; la alcaldesa, Mariví Monteserín; el presidente de Otea, Álvarez Almeida, y el epidemiólogo Fernando Simón.
Problemas con las ayudas
El Gobierno regional excluirá finalmente de las ayudas a sectores afectados por las restricciones a los empresarios que tengan deudas con las administraciones, según confirmaron ayer fuentes del Ejecutivo autonómico. La patronal hostelera y la Cámara de Comercio de Oviedo han asegurado que existe margen jurídico para que quienes adeuden pagos (impuestos o Seguridad Social) puedan percibir también dinero del fondo de rescate. Las bases para solicitarlo se publican a partir de hoy en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
El Principado recalca que las resoluciones que esta semana se publican “mantienen el requisito de encontrarse al corriente de pagos con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, puesto que la normativa vigente no permite excluir tal obligación”.
No piensan así la Cámara de Comercio de Oviedo, que ayer mismo remitió un informe a la Federación Asturiana de Concejos y a los ayuntamientos asturianos en el que recalca que existe paraguas legal para llevar a cabo esa exoneración. Como ejemplo, al igual que hizo Otea, citan el caso de Mieres. El ayuntamiento mierense pidió un informe al Ministerio de Hacienda, que en su respuesta considera justa la interpretación de que la pandemia es una situación excepcional, lo que permitiría no tener en cuenta en la solicitud la existencia de deudas contraídas con la administración.
El Principado reconoce que “desde hace meses” la cuestión se analiza en los servicios jurídicos del Principado, pero hasta ahora no han obtenido “seguridad jurídica” para introducir este aspecto en la convocatoria de ayudas. “No obstante, esta cuestión sigue siendo objeto de análisis en el Principado y de consulta a la Administración del Estado”. El Gobierno recuerda las fórmulas de aplazamiento y fraccionamiento de pagos, pero los empresarios consideran injusto que quienes precisamente por la suspensión de sus negocios no han podido afrontar pagos de tributos, tampoco ahora puedan solicitar ayudas.
