Los juristas coinciden en que el estado de alarma es una situación lo suficientemente extraordinaria como para que se apliquen medidas extraordinarias, como por ejemplo, que puedan solicitar ayudas públicas quienes tengan deudas con Hacienda y la Seguridad Social, aunque estas tienen que haberse generado como consecuencia de la pandemia, y no con anterioridad al estado de alarma del 14 de marzo de 2020.
El ejemplo palpable de que se puede hacer es el ayuntamiento de Mieres, que consultó directamente con el Ministerio de Hacienda y ha conseguido, con su respaldo, sacar adelante una convocatoria de subvenciones exonerando de esta carga.
Sin embargo, el Principado se ha negado, al menos de momento, a contemplar la posibilidad de dar ayudas del fondo de rescate a quienes tengan deudas con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social. Se escuda en que la legislación estatal lo impide.
Las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés, han sido las primeras en posicionarse, y explicaron que “en estas devastadoras circunstancias para algunos de los sectores a los que se les ha exigido mayor sacrificio no parece ni razonable ni justo” que además se les excluya de las ayudas. Los organismos camerales se han ofrecido a colaborar con los ayuntamientos “para ayudar a encontrar soluciones que les permita solventar tal reparo, para lo que las convocatorias de ayudas deberán recoger de forma expresa esa exoneración de forma justificada”.
También se pusieron en contacto con el Principado “que se ha comprometido a analizarlo y a hacer las consultas pertinentes al Ministerio de Hacienda, y a permitir repescar a aquellas empresas que no pueden cumplir con esta obligación en anteriores convocatorias”.
La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) reaccionó ayer a preguntas de este periódico, y explicó que “la ley general de subvenciones es muy clara, aunque contempla la posibilidad de excepciones. Desde el principio de esta pandemia FADE lleva defendiendo que la mejor ayuda que se les podría dar a las empresas es evitar que el dinero saliera de caja; mucho más cuando el mayor problema al que deben enfrentarse muchas de ellas es que no entra. Condenar a las empresas a no poder optar a ayudas porque no tienen recursos para hacer frente a las deudas tributarias como consecuencia de un cierre obligado parece un contrasentido.”
