La Consejería de Derechos Sociales espera recibir los 17 millones de euros de fondos europeos asignados a su departamento para impulsar su nuevo modelo asistencial y residencial para las personas mayores y con discapacidad. La titular del área, Melania Álvarez, presentó ayer a los principales actores del sector la creación de una red de servicios y centros para, con su colaboración, cuantificar las necesidades de financiación y de adaptación de las residencias actuales.
El presupuesto del Ministerio de Derechos Sociales para este año recoge un importe de 910 millones de euros correspondientes al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se deben destinar a financiar las inversiones necesarias para promover un cambio en los cuidados de larga duración.
La Consejera de Derechos Sociales del Principado presentó ayer el borrador del documento sobre el que se va a avanzar hacia el nuevo modelo residencial, orientado a unidades de convivencia con un máximo de 10 personas, seleccionadas por afinidades, y con habitaciones individuales que les permita la máxima independencia posible. Al acto asistieron los integrantes de la mesa bautizada como “Mares”, integrada por responsables de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) –organismo autónomo que gestiona los geriátricos del Principado–, las asociaciones de familiares, la Federación de Asociaciones de Mayores (Fampa), las patronales del sector privado y las organizaciones sindicales. Todas estas entidades tienen un mes de plazo para presentar sus propuestas.
Pero Melania Álvarez quiere ir más allá, y para eso se ha propuesto poner en marcha una red de centros públicos y privados que “adquieran el compromiso de convertirse en motor de cambio” e impulsar el nuevo modelo. La Consejería, por su parte, “pondrá todas las herramientas de apoyo necesarias para llevar a buen puerto el cambio profundo del modelo, que sin duda será largo, complejo y extenso en el tiempo”, afirmó su titular.
El Principado prevé poner en marcha este mismo año dos proyectos piloto –en un centro público y otro privado, que aún están por decidir–, con el objetivo de testar en la realidad las necesidades y dificultades que supondrá cambiar del actual modelo residencial al nuevo, que se articula en cuatro pilares: la salud integral, la seguridad, la atención centrada en la persona y el entorno facilitador, de tal modo que impulse las actividades de la vida cotidiana y fomente las relaciones sociales y la vida en comunidad.
El documento presentado ayer por Melania Álvarez admite abiertamente que con la pandemia por covid-19 se “visibilizaron las debilidades y carencias de nuestros servicios y, con ello, la necesidad, la oportunidad y la responsabilidad compartida de proteger y permitir una vida digna a las personas más vulnerables”. De ahí que sea “el momento” de cambiar el actual modelo residencial hospitalario por uno más acogedor y familiar.
Los profesionales jugarán un papel fundamental en este cambio de modelo. De ahí que también se vayan a revisar los precios de las plazas, los convenios colectivos –condiciones laborales y salariales–, y se tratará de incrementar las plantillas para dar una asistencia médicas y asistencial propia del siglo XXI en los nuevos centros, más abiertos y con una intensa vida social.
