El próximo 9 de mayo finaliza el Estado de Alarma, lo que deja a los asturianos (y sobre todo a los que tienen negocios sometidos a restricciones) en un mar de dudas: ¿Se acabarán las limitaciones en la hostelería? ¿Habrá más confinamientos? ¿Podrán cerrar los bares? El fin del Estado de Alarma significa que las administraciones no podrán decretar medidas que coarten Derechos Fundamentales. Pero eso no evita restricciones a algunos sectores económicos, como por ejemplo la hostelería. Y es que el Principado sí podrá prolongar las restricciones en bares y restaurantes más allá del 9 de mayo. Podrá, por ejemplo, limitar su apertura, horarios y aforo; un tipo de limitaciones a las que el gobierno regional ha recurrido con frecuencia para tratar de frenar contagios.
Es decir: lo que el Ejecutivo regional no puede hacer es limitar derechos fundamentales, pero ir a un bar no es un derecho fundamental que sí es, por ejemplo, estar en la calle a la hora que quieras sin cumplir el toque de queda.
Pero para evitar problemas jurídicos el ejecutivo autonómico trabaja a contrarreloj para aprobar su reforma de la ley de Salud, que permitirá tomar medidas "excepcionales y urgentes" para tratar de luchar contra la pandemia. El borrador del anteproyecto para reformar la ley de salud asturiana incorpora la competencia de que el Consejo de Gobierno del Principado, a propuesta de la consejería de Salud, declare la situación de emergencia sanitaria. Dicha competencia permitirá la puesta en marcha de acciones y medidas "con repercusión transversal importante, a nivel sanitario, económico y social" para preservar la salud de la población. Entre estas medidas "excepcionales y urgentes" estarían "el confinamiento de personas en sus domicilios o en lugares seguros".
El anteproyecto especifica que la duración de estas medidas estaría limitada al tiempo necesario para afrontar la emergencia sanitaria y también establece que el Gobierno regional tendría que dar cuenta de la situación de emergencia sanitaria a la Junta General del Principado, aunque no requeriría de su aprobación mediante una votación de los diputados autonómicos en el Pleno del parlamento.