Los sindicatos sanitarios no han recibido con agrado la intención del Servicio de Salud del Principado (SESPA) de contener el gasto en personal de manera urgente. La situación excepcional provocada por la pandemia ha hecho que, de seguir el ritmo actual de gasto, la nómina de Sanidad abarque uno de cada cinco euros del presupuesto autonómico (5.237 millones de euros). Alegando que la presión hospitalaria se encuentra ya en niveles mínimos, el SESPA pretende que las cifras de personal vuelvan a los guarismos de antes de la pandemia, restringiendo hasta el mínimo la contratación en todas las categorías.
Salud realizó desde que comenzó la pandemia 9.478 contrataciones temporales, de las que 1.532 eran enfermeras y 74 médicos. El secretario general del sindicato médico SIMPA, Antonio Matador, aseguró que la medida carece de sentido dada la carencia de profesionales que vienen denunciando desde hace tiempo, y que la repercusión de los posibles recortes se hará más evidente si se tiene en cuenta que “los médicos siguen siendo muy importantes, sobre todo en las zonas rurales y vacacionales ahora que llega el verano”. Matador recalcó que la falta de médicos dificulta la prestación del servicio al menos desde 2010: “Hacen falta médicos y no se hace nada para solucionarlo”, dijo el responsable sindical. El aumento de plazas MIR (Médicos Internos Residentes) que se anunció en 2020 tampoco convence al SIMPA, que considera improcedente la medida porque “las bolsas de médicos siguen estando vacías”.
El aumento de los contagios en las últimas semanas también preocupa a los sindicatos de sanitarios, que vaticinan problemas en la atención primaria si finalmente se llevan a cabo los recortes. Otra de las quejas del colectivo es la relativa a la necesidad de potenciar el equipo de rastreadores.
USIPA (Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias) también se manifestó ayer en contra de las medidas propuestas por el SESPA. Consideran que las nuevas medidas puestas en marcha, como el cribado recién activado para los jóvenes de quince a treinta años, justifican claramente el aumento del gasto público. Por otra parte, Graciela Martínez, coordinadora de USIPA, criticó duramente el control al que se someten las contrataciones por áreas sanitarias: “No entendemos muy bien por qué la administración del Principado somete al Gobierno central cualquier contrato de más de siete días de duración. Esto ralentiza mucho el proceso de contratación”.
Otro aspecto que se critica es la situación en los centros de salud, donde relatan “innumerables problemas”. Las negociaciones entre USIPA y la Consejería de Salud llevan en pie desde marzo, pero el sindicato destaca que “no se está valorando la magnitud del problema y que los compromisos de levantar la suspensión de las políticas de desarrollo profesional han sido solo una forma de ganar tiempo”.
En definitiva, los sindicatos coinciden en el déficit de personal sanitario y en la inoperancia de políticas como el Plan de Recursos Humanos: “No creemos que la sanidad esté supradimensionada ahora, más bien estaba infradimensionada antes de la pandemia”, concluyó la responsable de USIPA.
