Cuando salió del Ministerio, el real decreto con el que el Gobierno trata de rebajar la aguda temporalidad en el empleo público “tenía mejor aspecto que después de transitar por el Congreso de los Diputados”. El vicepresidente del Principado y consejero competente en función pública, Juan Cofiño, dejó esta mañana en la Junta el reconocimiento de su insatisfacción con las modificaciones que las exigencias de los socios del Ejecutivo de coalición han introducido en los planes para reducir los niveles disparados de interinidad en fraude de ley dentro de las administraciones públicas. “El congreso, con todos los respetos, no ha mejorado el proyecto que se envió en su momento”, asumió Cofiño en su comparecencia parlamentaria, asociando esta incomodidad a la esperanza de que la tramitación del real decreto como proyecto de ley, cuya resolución se espera para finales de este mes o como muy tarde para el próximo, acabe mejorando el texto.
El Vicepresidente ha repetido, por lo demás, lo ya dicho varias veces desde la convalidación del decreto en el Congreso, el pasado 21 de julio. Que a la espera de la aprobación definitiva de la ley el Gobierno del Principado se mantendrá “expectante y cauto antes de tomar decisiones definitivas” sobre su estrategia de rebaja de la temporalidad. Esperan sin estar parados, dice, y mientras tanto “estamos agilizando las ofertas públicas de empleo pendientes, atrasadas, que contribuirán a bajar de forma muy significativa el número de interinos”. En todo este proceso ayudará, estima, la constancia de que “el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022 contendrá una flexibilización importante de la tasa de reposición, que todos veníamos solicitando y que será fundamental para estos procesos de estabilización”.
Compareciente en la comisión de su área de competencia en la Junta, Cofiño recibió de IU una petición de cálculo sobre el número de interinos asturianos que han prestado servicios a la Administración en el mismo puesto durante más de tres años sin que se haya resuelto proceso de selección alguno. Según detalló en su pregunta el diputado Ovidio Zapico, estas personas estarían en disposición de adquirir la condición de indefinidos no fijos en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que el pasado junio reconoció ese derecho al personal laboral que se encuentre en esa situación. En Asturias, respondió el Vicepresidente, la cifra ronda las 5.100 personas: unos 3.000 sanitarios, 1.900 trabajadores en la Administración general y unos doscientos del ámbito docente. Según su interpretación, la posibilidad de estabilización que se abre para estos empleados, “previa superación de las pruebas que se determinen, devienen de las previsiones del vigente decreto ley” que ahora se tramita como proyecto de ley, no de la sentencia del Alto Tribunal.No equivale esto, “ni muchísimo menos”, a “estabilización inmediata”. De aquí en adelante, “el marco jurídico es el de la ley que se está discutiendo en el Congreso”, repite una y otra vez Cofiño. “Eso será lo que paute los procesos junto a elementos complementarios como las ofertas de empleo público y las tasas de reposición como elemento clave”.
Esa es una de las múltiples condiciones que tiene sobre la mesa el intrincado asunto de la temporalidad disparada en las administraciones públicas. El Principado espera expectante que el trámite de la nueva ley en el Congreso introduzca mejoras, toda vez que queda dicho que los compromisos adquiridos por el Gobierno socialista estatal con sus socios en julio le inquietan. En aquel momento, la condición que Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) exigió a cambio de apoyar la convalidación del decreto ley que ahora se tramita como proyecto de ley dejó establecido que el Gobierno acepta permitir que determinados interinos, los que lleven al menos diez años ocupando una plaza estructural para la que nunca se haya convocado una oferta de empleo, puedan adjudicársela sin necesidad de superar una oposición, con una mera valoración de méritos. Además, en un guiño en este caso a las demandas de Unidas Podemos, el Ministerio de Hacienda y Función Pública también aceptó que los exámenes que se convoquen para estabilizar las plazas de los interinos pueda no ser eliminatorio, aunque la última palabra permanecerá en este caso en manos de las comunidades autónomas. Todo esto, cuyo encaje constitucional ha sido puesto en duda desde diversos ámbitos desde que se planteó, es lo que estará sometido a debate durante las próximas semanas en el Congreso de los Diputados.
