El economista Jesús Arango, socialista y exconsejero de Agricultura del Principado entre 1982 y 1987 (primero en el gobierno de Rafael Fernández y luego en el de Pedro de Silva), se suma con un artículo a la crítica a la oficialidad del asturiano que impulsa su propio partido. Arango asegura que el reconocimiento de la lengua tendrá “todo tipo de efectos directos, indirectos e inducidos en los diferentes ámbitos de las administraciones públicas” y que ese hecho conllevará “año tras año” la asignación de “un volumen creciente de recursos presupuestarios a esta cuestión y no a otras políticas, como por ejemplo la de poner en marcha en el sistema educativo lo que hace años se viene proponiendo en los programas comunitarios de juventud: el aprendizaje de dos lenguas extranjeras además de la propia”.
Después de que el expresidente socialista del Principado Juan Luis Rodríguez-Vigil publicase dos artículos en LA NUEVA ESPAÑA en los que cuestiona la pertinencia de la oficialidad del asturiano, Arango señala ahora que abordar ese debate resulta incoherente con el momento actual: “En estos momentos en los que deberíamos estar centrados en fomentar una sociedad asturiana abierta e innovadora para hacer frente a los cambios y desafíos que está generando la cuarta revolución industrial, con la declaración de las nuevas oficialidades se va a tener que dedicar recursos y esfuerzos a un asunto que nos divide”, señala el economista, uno de los principales expertos en el análisis de la realidad del medio rural asturiano.
El exconsejero propone aplazar el debate sobre la oficialidad y “centrar la gran tarea de esta región en la creación de empleos de calidad para que nuestros jóvenes no tengan que seguir buscando su futuro fuera de esta tierra”-
Arango afirma también que la normalización del asturiano es “urbana y artificial” dado que las diferencias lingüísticas locales “siguen siendo una realidad y un gran activo cultural de Asturias”, y la imposición de una normalización “borraría” esa pluralidad. También pronostica una elevada litigiosidad derivada de la oficialidad.
El argumento de Arango coincide con el expuesto por Rodríguez Vigil ayer, quien afirmó que “las expectativas personales de empleo que favorece la oficialidad son enormes y muy costosas, y ese mayor gasto va a competir con los de Educación, Servicios Sociales y Sanidad. Rodríguez-Vigil también planteó la convocatoria de un referéndum sobre la oficialidad. La respuesta del Presidente, Adrián Barbón, fue que no cabe en el ordenamiento jurídico asturiano. No obstante, los juristas sostienen que podría hacerse, pero no sería vinculante en ningún caso y requeriría autorización del Gobierno central. Sobre esa misma idea, IU ha planteado que se someta a referéndum la redacción final del Estatuto, una vez que haya conseguido la aprobación por la Junta y el Congreso de los Diputados.
