La Audiencia Nacional ha abierto una vía para desestimar las reclamaciones de comunidades autónomas y entidades ganaderas contra la decisión judicial de impedir la suspensión de la orden ministerial que establece la protección del lobo. Un auto de este alto tribunal acaba de desestimar el recurso presentado por el gobierno de Cantabria, uno de los más combativos contra la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de incluir a la especie entre las catalogadas de especial protección. Esta decisión vendría definitivamente a impedir las posibilidades de control de ejemplares.
En concreto, la Audiencia Nacional confirma íntegramente (en un auto al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA) la decisión de desestimar la reclamación presentada por Cantabria contra la población de lobos en el norte peninsular, e impone las costas a la administración cántabra.
La comunidad de Cantabria había recurrido el auto judicial que desestimaba la suspensión de la decisión ministerial. Consideraba Cantabria que la mera indemnización económica de los daños causados por el lobo deja a “la ganadería nada menos que una situación de desamparo que resulta difícil de gestionar para las distintas administraciones”.
Pero la Audiencia Nacional sostiene que la compensación económica por el ganado que sufre daños por el lobo es una compensación suficiente, mientras que considera que los perjuicios ocasionados a la especie por la suspensión de la protección ministerial sí serían a la postre irreversibles.
El auto judicial apunta a una cascada de desestimaciones de los recursos presentados por las administraciones combativas con la protección ministerial al lobo, que habían seguido los pasos de la comunidad cántabra en su intento de frenar la aplicación de la normativa que busca salvaguardar a la especie (especialmente en los territorios en los que su presencia está más amenazada). Los autos de la Audiencia Nacional ya habían desestimado los recursos que habían formulado previamente las comunidades autónomas contra la protección establecida por el Ministerio, quien se ha mostrado dispuesto a autorizar planes de control y convivencia con la ganadería, como los que había fijado Asturias a través de su plan de uso.
