La gripalización de la pandemia pronto dará un nuevo paso. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron ayer, por unanimidad, implementar un sistema de vigilancia transitorio contra el covid-19 que siga trabajando en la detección de los casos graves, los posibles aumentos de incidencia y las nuevas variantes, aunque con el horizonte máximo de marzo de 2023.
Así lo recoge el texto aprobado en las Jornadas del Sistema Nacional de Salud sobre Vigilancia en Salud Pública, que reunió a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y a los responsables de Sanidad autonómicos en Zaragoza.
El consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández Muñiz, destacó tras la reunión que “se ha acordado constituir la red estatal de vigilancia en Salud Pública, integrada por las redes nacionales y de las diversas comunidades autónomas”. Asimismo, “se modernizarán los sistemas de información con fondos europeos MRR y con un especial protagonismo de la red de Atención Primaria”.
Durante el encuentro, se determinó que habrá una “fase de transición” en la vigilancia del covid-19 hasta la implementación completa del sistema de vigilancia centinela de infecciones respiratorias agudas leves (IRAs) en Atención Primaria y graves (IRAG) en atención hospitalaria, que se deberá producir en toda España “antes del fin del primer trimestre de 2023”. Para ello, se constituirá un grupo de trabajo con la participación del Ministerio de Sanidad y las comunidades.
En colaboración con el Instituto de Salud Carlos III, Sanidad y las autonomías determinarán el tamaño muestral necesario para la futura vigilancia epidemiológica de la población centinela de las IRAs.
Sobre cuándo se pondrá en marcha el sistema transitorio, superando la actual vigilancia exhaustiva del covid-19, la ministra señaló en rueda de prensa que las comunidades y Sanidad tienen “claro el cómo” pero no tanto el “cuándo”. En consecuencia, han solicitado a la Ponencia de Alertas que realice una propuesta que sea elevada a la próxima Comisión de Salud Pública, que se celebrará la próxima semana, para “decidir a partir de qué elementos se podría empezar ya a poner en marcha este sistema transitorio para hacer un seguimiento de los casos vulnerables y graves”.
Según la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, la vigilancia centinela es un método para recopilar datos epidemiológicos de manera sistemática y rutinaria en un número limitado de puntos, a través de la notificación de determinados facultativos en la Atención Primaria. Estos profesionales se eligen para que la muestra sea representativa de la población general. Calzón añadió que, en el marco de esta nueva vigilancia centinela, se va a crear un sistema de información para monitorizar las aguas residuales, similar al que funciona en la Comunidad de Madrid desde los comienzos de la pandemia, como “forma complementaria para la vigilancia del covid-19”.
Mientras tanto, se ha acordado mantener un sistema de vigilancia transitorio “capaz de detectar aumentos de la incidencia en la población general, que permita la detección precoz de nuevas variantes y la medición de la efectividad vacunal”. Además, tendrán que garantizar una “vigilancia individualizada” de los casos de covid-19 en “ámbitos vulnerables y casos graves”, así como la vigilancia y seguimiento de brotes epidémicos “en entornos vulnerables, en riesgo de exclusión social y en otros ámbitos que se consideren de interés”.
La retirada de la mascarilla en interiores no avanza: “Cada vez más cerca”, dice Darias
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, declaró ayer lo mismo que en las últimas semanas: que la retirada de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios interiores “está cada vez más cerca”, gracias a la evolución a la baja de la pandemia de covid-19.
“Todo apunta que el cuándo está cada vez más cerca pero para nosotros es tan importante el cuándo como el cómo”, explicó Darias en rueda de prensa tras las Jornadas del Sistema Nacional de Salud sobre Vigilancia en Salud Pública. El consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández Muñiz, reiteró la posición de Asturias, que consiste en no explicitar una postura propia: “Será la Ponencia Técnica la que eleve una propuesta a la Comisión de Salud Pública y en ese momento se hará su evaluación”, señalo el Consejero.
Las comunidades autónomas están exhibiendo en las últimas fechas distintas posiciones sobre el fin de las mascarillas en interiores. La Comunidad de Madrid ha sido la única que ha pedido abiertamente que se retire esta medida en ciertos ámbitos, aunque en las últimas horas Andalucía se ha abierto a valorar esta retirada de manera gradual. Por contra, el País Vasco y Extremadura han rechazado aplicarla sin consenso, mientras que otras regiones han evitado situarse y apelan a los criterios técnicos.
Mientras tanto, el Congreso de los Diputados rechazó ayer, con 283 votos en contra, 9 a favor y 47 abstenciones, la enmienda a la totalidad de Ciudadanos al proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente al covid-19, que planteaba, entre otras medidas, la eliminación de las mascarillas en interiores. Durante su debate, la propuesta de la formación naranja tropezó con muchas críticas por parte del resto de partidos, sobre todo porque consideran que esta retirada deben realizarla las autoridades sanitarias y que había “oportunismo” en el planteamiento.
